Francia avanza rápidamente hacia la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado la posibilidad de proceder unilateralmente, sin esperar un acuerdo a nivel europeo, para bloquear por completo el acceso a las plataformas digitales para los más jóvenes.

En Perú, siguiendo esa línea, a mediados de junio se promulgó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos similares en las aulas de Educación Básica tanto en colegios públicos como privados. El objetivo oficial: mejorar la atención y el rendimiento escolar, reducir distracciones, preservar la salud mental y frenar la sobreexposición a internet.

La psicóloga y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Susana Roggero, considera que la norma es adecuada y protectora. “No solo por la distracción que genera el celular durante las clases, sino también porque expone a los escolares a riesgos como la delincuencia y la sobreexposición a contenidos nocivos”, señala Roggero.

Pero también hay voces que advierten: estas restricciones, aplicadas sin una estrategia complementaria, pueden resultar excesivas. El World Economic Forum (WEF), por ejemplo, sostiene en su informe The Intervention Journey: A Roadmap to Effective Digital Safety Measures (2025) que las prohibiciones absolutas no son soluciones razonables. Según el WEF, no existe “una intervención por sí sola” capaz de resolver por completo los daños digitales, por lo que apuesta por enfoques más matizados, colaborativos y personalizados.

El WEF propone adoptar el modelo “Seguridad desde el Diseño” (“Safety by Design”), que consiste en integrar la protección de los usuarios en el desarrollo mismo de plataformas y sistemas digitales. De este modo, los jóvenes podrían beneficiarse de mejores controles parentales y filtros de contenido según su edad.

En ese contexto surge la reflexión: ¿limitar el uso de móviles o redes sociales en colegios sin ofrecer al mismo tiempo educación digital o herramientas de acceso alternativo? Esta medida no solo podría considerarse una forma de sobreprotección restrictiva, sino que también puede poner en riesgo derechos fundamentales. Desde la óptica de los derechos humanos y de la sostenibilidad social, la imposición de restricciones sin un plan que promueva el acceso informado puede afectar el derecho a la información, obstaculizar el desarrollo de competencias digitales y generar impactos negativos en el largo plazo.