El Perú experimentó entre 2005 y 2019 uno de los avances más importantes en cuanto a reducción de la pobreza en América Latina. Millones de peruanos salieron de la pobreza y empezaron a disfrutar, por primera vez, de un empleo estable, un pequeño auto, un crédito hipotecario o acceso a educación superior.

Año 2020. Llegó la pandemia por COVID-19 y, con esa emergencia sanitaria, el derrumbe. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la clase media peruana se redujo casi a la mitad en solo un año: de 43.6% en el 2019 a 24% en el 2020. Tras la pandemia y el bajo dinamismo económico desde entonces, la clase media representó el 34% de la población en 2024 y no ha recuperado su participación máxima de 40% alcanzada en 2019, según el IPE.

Si bien durante el 2024 la economía y el empleo crecieron, y no se registraron eventos adversos en la magnitud de los ocurridos en el 2023, ello no fue suficiente para reinsertar a más peruanos a la clase media.

El INEI, por su parte, considera que en el 2024 los peruanos en estado de pobreza monetaria aumentaron a 9.4 millones (28% del total); mientras que en el 2019 eran el 20%. Y aquí viene el dato demoledor: una parte significativa de los que ahora son pobres, antes de la COVID-19 era clase media.

La CEPAL lo advirtió desde el inicio de la crisis: “América Latina no tenía una clase media consolidada, sino una clase media vulnerable».

La ciudad de la furia ya no es una plataforma de progreso

La desigualdad territorial es obscena: el 70% de los pobres en el Perú son urbanos y gran parte vive en periferias sin agua por red pública, sin internet ni acceso a transporte.

La movilidad social ya no depende solo del esfuerzo personal; depende, sobre todo, del contexto urbano, el cual en el Perú es brutalmente excluyente:

• En Lima Metropolitana, la continuidad y acceso al agua siguen siendo desiguales. En Carabayllo, el propio municipio reportó 73% de cobertura de agua por red de agua potable (urbano). Por su parte, la Sunass reportó a Villa María del Triunfo como el distrito con más roturas de tuberías durante el período 2019-2024 (804 roturas), lo cual evidencia problemas serios de continuidad/calidad del servicio.
• El acceso a internet muestra una brecha urbana marcada: 80% en Lima Metropolitana vs. 60% en el resto urbano del país, según estimaciones del INEI para 2024-2025, lo cual limita la conectividad, y también opciones de empleo, educación y banca digital para una parte importante de hogares fuera de Lima.
• Un trabajador “pobre” puede perder hasta 20 días al año solo en traslados y movilidad por la ciudad desde y hacia las periferias, donde vive. Esto es una limitante y ya lo advirtió Movemos – Asociación VINCI Highways por la Movilidad Sostenible, a través de su campaña “Travesías Urbanas”, reportando que muchos limeños pasan diariamente más de siete horas movilizándose entre sus hogares y sus centros laborales.

Ciudadanía fragmentada, futuro hipotecado

La respuesta del Gobierno peruano a esta catástrofe social siempre ha sido tibia, dispersa y, muchas veces, cosmética. “No es posible salir de la pobreza solo con programas sociales. Se requiere intervenciones complementarias en el ámbito económico y productivo. Asimismo, se debe promover políticas que apunten a la generación de oportunidades y a un cambio sostenible”, señala Norma Correa, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Y cuando los jóvenes ven que su título (técnico o universitario) no basta para salir de la precariedad, que el Estado no llega, y que los barrios se deterioran año a año, se rompe algo más que una promesa, se rompe el contrato social: según el Barómetro de la Confianza 2025, de Edelman, el Perú tiene a nivel global el mayor sentimiento de agravio en la ciudadanía de parte de las empresas y el Gobierno (80%) pues “favorecen solo a unos pocos” o “sus acciones me dañan”.

Saber que se puede, querer que se pueda

El Estado falló y sigue fallando, sí, pero el sector privado tiene más capacidad operativa, técnica y de ejecución que muchas instancias gubernamentales. Oportunidad a la vista no solo para mejorar la calidad de vida de miles de personas, sino para que las empresas fortalezcan su licencia social para operar, su resiliencia territorial y, sobre todo, su sostenibilidad real como negocio. En ese sentido, las empresas privadas podrían contribuir a un nuevo pacto por la movilidad social, con las iniciativas que necesita la clase media que volvió a la pobreza, como las que se presentan a continuación:

1. Cerrar una brecha estructural vinculada a la cadena de valor. Por ejemplo, si una empresa opera en zonas donde sus colaboradores o comunidades viven sin agua segura o internet, ésta podría invertir en infraestructura social básica. Una meta y un plazo: 100 % de los trabajadores directos y contratistas deben vivir en condiciones urbanas dignas. Financiera Confianza midió pobreza multidimensional en más de 540,000 hogares clientes y ha reportado mejoras en ingreso/ahorro y salida de pobreza en su cartera atendida. Es el estándar exigible a todo programa que afirme impulsar movilidad social.
2. Invertir en formación técnica alineada a tu industria, considerando que la educación pública no forma talento para los retos del presente. Entonces, la empresa podría crear o fortalecer centros de formación dual, becas técnicas, bootcamps o alianzas con institutos en zonas vulnerables donde opera.
3. Generar empleo con trazabilidad y medición de impacto social. La empresa tendría que crear empleo formal, decente y ascendente, y podría incorporar metas de empleabilidad juvenil, diversidad, género y progreso salarial en los planes de expansión o inversión regional.
4. Incluir la movilidad social como KPI en la estrategia ESG. La empresa no debe medir solo sus emisiones de carbono o su cumplimiento normativo; tiene que definir un indicador propio de impacto social, medible, en términos de progreso educativo, ingreso familiar o acceso a servicios en el área de influencia. Por ejemplo, Cálidda mide los ahorros económicos en el gasto energético del hogar al migrar de GLP a gas natural (reducción mensual de gasto; evidencia de menor “pobreza energética”). Así, la masificación de gas natural reduce el gasto mensual de energía: menos gasto fijo y más ingreso disponible con efecto positivo sobre el bienestar y más resiliencia de hogares urbanos (movilidad social por alivio de gasto estructural).
5. Trabajar en cocreación urbana y aportar al desarrollo del área de influencia. La empresa no puede ser una isla de eficiencia en un mar de precariedad. Tiene que invertir en movilidad sostenible, seguridad vial, mejora de espacios públicos o servicios compartidos en alianza con los municipios distritales y coordinando con la ciudadanía organizada.

Esta es la oportunidad para reconstruir la movilidad social y recuperar la clase media, a partir de una mayor inversión privada que genere empleos de calidad. Según el IPE, esto es crucial para fortalecer y blindar a los hogares frente a los choques que traerían la desaceleración económica global y la incertidumbre de las próximas elecciones generales 2026.