La fragilidad de la paz democrática
La paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de instituciones que funcionan. En el Perú, la gobernabilidad democrática atraviesa su momento más frágil en dos décadas. La sucesión de seis presidentes en siete años ha debilitado la autoridad moral del Estado y erosionado la confianza ciudadana.
Según el Latinobarómetro 2023, apenas el 9% de los peruanos se declara satisfecho con la democracia. Según Ipsos Perú (julio de 2025), la delincuencia (56%) y la corrupción (54%) son las principales preocupaciones de los peruanos.
El Índice de Transformación de Bertelsmann Stiftung (BTI 2024) coincide: el Perú mantiene un nivel “moderado” de desempeño democrático y un deterioro sostenido en independencia judicial, transparencia y cohesión social. La confianza institucional no solo es baja, es estructuralmente débil.
Al respecto, la corrupción tiene un costo tangible. La Contraloría General de la República (2024) estima que las pérdidas por actos de corrupción y prácticas indebidas equivaldrían a 2% del PBI, más de S/ 24,000 millones anuales, monto suficiente como para financiar tres veces el presupuesto del Ministerio de Salud.
El resultado es una democracia sin legitimidad social, vulnerable a la polarización —pese a que el Congreso vota en forma mayoritaria y la población rechazaba también absoluta y mayoritariamente a la ex presidenta Boluarte— y a la captura del Estado por intereses particulares (minería ilegal, narcotráfico, entre otros).
Diálogo territorial y participación: la otra cara de la paz
La conflictividad social continúa siendo un termómetro del déficit institucional. A la fecha, la Defensoría del Pueblo registra más de 220 conflictos activos cada mes, el 64% vinculados a minería, agua y uso de suelo. Sin embargo, también existen señales de avance. Los procesos de diálogo territorial en regiones mineras —el Corredor Minero del Sur— han demostrado que la transparencia en la información y la participación local reducen tensiones y previenen la violencia. Prevención en la gestión social y buena lectura de la línea base en la zona de influencia.
En Cajamarca y Apurímac, las mesas multiactor permiten monitorear compromisos ambientales y sociales que son olvidados cuando se trata de minería ilegal, de la que nadie quiere conversar. Los comités de vigilancia local supervisan la calidad del agua, los presupuestos participativos y el cumplimiento de obras. Experiencias como la del Comité de Monitoreo Ambiental Participativo del Jequetepeque muestran que la ciudadanía informada no solo fiscaliza, también reconstruye confianza.
Educación cívica y cultura de integridad
La confianza se enseña. Sin educación cívica sostenida, la ética pública se vuelve frágil. Según el Ministerio de Educación, el 70% de los colegios públicos no desarrolla programas formales de ciudadanía activa. En zonas rurales, solo el 25% de estudiantes participa en actividades comunitarias.
Frente a ello, el proyecto “Escuelas Transparentes”, impulsado por Transparencia Internacional y la Defensoría del Pueblo, capacita a jóvenes de Ayacucho, Cusco y Puno en vigilancia de obras públicas, control de presupuesto y uso de datos abiertos.
Desde el 2021, más de 10,000 estudiantes han participado en auditorías ciudadanas escolares, promoviendo una nueva generación de ciudadanos vigilantes.
Justicia y reforma institucional
El sistema judicial peruano figura entre los menos confiables del hemisferio. Razones sobran cuando vemos todo lo que pasa entre el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. El World Justice Project sitúa al Perú en el puesto 90 de 142 países en su Índice de Estado de Derecho, con bajos puntajes en “ausencia de corrupción” y “cumplimiento regulatorio”.
La reforma judicial, estancada durante más de una década, se ha reactivado parcialmente con la creación de juzgados anticorrupción especializados y la digitalización de procesos. Muchas dudas al respecto.
El año pasado el Poder Judicial informó que el 35% de los expedientes administrativos ya se tramita electrónicamente, reduciendo tiempos en 40%. Aun así, la saturación procesal y la rotación de jueces impiden una justicia predecible y confiable.
Para revertir esa desconfianza, expertos del PNUD proponen fortalecer el Sistema Nacional de Integridad, mediante una entidad autónoma que coordine Contraloría, Fiscalía y sociedad civil. La propuesta incluye una plataforma única de denuncias, trazabilidad de casos y sanciones efectivas.
Cohesión social: el pegamento invisible
La desigualdad económica y territorial también erosiona la paz. El Banco Mundial advirtió en el 2024 que el 30% de los jóvenes peruanos ni estudia ni trabaja, cifra que duplica el promedio regional. La desconfianza no solo es política, es existencial: un país donde amplios sectores se sienten excluidos difícilmente puede construir estabilidad.
La OCDE (2023) identifica la cohesión social como un “activo intangible de valor económico”: los países con altos niveles de confianza interpersonal tienen 30% más inversión extranjera directa y menores costos de transacción. Para el Perú, reconstruir confianza no es un ideal ético, sino una estrategia de competitividad nacional.
Hacia un nuevo pacto ético nacional
El renacimiento institucional del país dependerá de una visión compartida: ética pública, participación social y transparencia real.
El Edelman Trust Barometer (2024) muestra que el 62% de los peruanos cree que las empresas tienen más capacidad que el Estado para generar cambio, pero también exige coherencia: el 71% pide que las compañías asuman liderazgo en la lucha contra la corrupción.
Reconstruir la paz democrática exige más que leyes, requiere confianza entre Estado, mercado y ciudadanía. Cuando las instituciones fallan, la cohesión social se convierte en la primera víctima. Y sin cohesión, no hay sostenibilidad posible.
El desafío peruano no es solo político, es moral: transformar la indignación en acción y el silencio de la corrupción en una cultura de vigilancia ciudadana que dé sentido a la palabra república.