En el Perú, cada 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, en reconocimiento de sus derechos e inclusión social. ya que en 1980 se llevó a cabo una jornada donde participaron más de 1,000 personas pidiendo por sus derechos e inclusión.
Doce años después, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para cada 3 de diciembre.
Según el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), la discapacidad ha pasado por muchos enfoques limitantes hasta llegar a ser, hoy en día, un tema de derechos humanos que compromete al Estado y la sociedad para velar por una real inclusión que permita su acceso en igualdad de condiciones a una vida libre, independiente y digna.
En ese sentido, un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2010 (El Precio de la exclusión) y dirigido por Sebastian Buckup, destaca que excluir las personas con discapacidad del mercado laboral supone un costo significativo para las economías, con algunas estimaciones que muestran pérdidas de entre 3% y 7% del PBI.
El punto de partida es la magnitud del grupo
El Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró 3.2 millones de personas con discapacidad, equivalente al 10.3% de la población. Sin embargo, a septiembre del 2024, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Conadis apenas tenía 498,330 personas inscritas, aunque 50% más que en el 2021. Sin embargo, casi ocho de cada diez personas con discapacidad siguen fuera del sistema que habilita derechos en el Perú.
«Las personas con discapacidad representan el 10% de la población peruana»
Por su parte, el Programa Contigo, que entrega una pensión de S/ 300 cada dos meses, alcanzó alrededor de 142,000 beneficiarios en el 2025, 33% más que en el 2023, según un reporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) del 15 de agosto de este año.
Pese a ello, un estudio de la Sociedad y Discapacidad (Sodis) y UNICEF Perú, denominado Personas con discapacidad en Perú: Costos que enfrentan para participar en igualdad de condiciones, publicado en enero del 2025, revela que los costos adicionales que enfrenta una persona con discapacidad pueden llegar a entre 13% y 51% del ingreso per cápita del hogar, y en algunos casos superar los S/ 1,999 mensuales, muy por encima de lo que otorga “Contigo”.
La aritmética es simple: la asistencia pública creció, hay progreso administrativo, pero sigue lejos de cubrir necesidades básicas. La advertencia no es reciente.
Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Defensoría del Pueblo, lo señaló hace tres años: “Este monto resulta insuficiente para mejorar el nivel de vida de las personas con discapacidad, no alcanzan a cubrir los gastos que ocasionan sus necesidades especiales de alimentación, terapias, medicamentos, pañales, educación, transporte, entre otros”.
El marco legal también evoluciona
La Ley N.° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), el D.L. N.° 1384 (Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones) y el DS N.° 007-2021-MIMP (Política Nacional Multisectorial en Discapacidad al 2030) ponen al Perú entre los países con normativa más avanzada de la región. Además, en noviembre del 2024 se amplió el pase libre en transporte público a las personas con discapacidad moderada inscritas en el Conadis.
Un informe de United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities Multi-Partner Trust Fund (UNPRPD MPTF), publicado en mayo de este año, reconoce que “existe un marco institucional bien definido en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel central como local. Sin embargo, señala que “a pesar de la experiencia de estas entidades, la capacidad colectiva para impulsar cambios significativos para las personas con discapacidad es insuficiente”.
La Defensoría del Pueblo también señala que la brecha entre ley y práctica se mantiene: las oficinas regionales y municipales de discapacidad operan con capacidades limitadas, bajo presupuesto y escasa articulación territorial.
El mercado laboral confirma el desfase
Años atrás, Carlos Sánchez, CEO de Empanacombi, una empresa social que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad en la gastronomía peruana, explicaba que “se asume que se debe realizar mucha inversión en hacer que un espacio sea accesible para las personas con discapacidad. Pero no se tienen en cuenta los resultados en productividad, ahorro y seguridad”.
UNPRPD MPTF estima que solo el 42% de las personas con discapacidad están empleadas, a diferencia del 71% para el caso de aquellas sin discapacidad. Asimismo, las personas con discapacidades ganan menos: S/ 6.9 por hora, mientras aquellas que no las tienen ganan en promedio S/ 8.5 por hora.
«Solo el 42% de las personas con discapacidad están empleadas»
La legislación vigente requiere que las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores deben reservar entre 5% y 3% de posiciones, respectivamente, para personas con discapacidad. Sin embargo, el nivel de cumplimiento es bajísimo. “En el 2023, solo 9 de 143 entidades públicas cumplieron con la cuota de empleo, y en el sector privado, solo 146 de las 6,573 empresas que estaban obligadas a cumplir lo hicieron”, señala el reporte de UNPRPD MPTF.
Es más, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) reportó que en el 2024 solo 248 empresas privadas cumplieron la cuota, mientras 1,541 aumentaron contrataciones sin llegar al mínimo. Sánchez añade que existe un sesgo empresarial: “Se enfocan solo en el diagnóstico y equiparan la discapacidad con la incapacidad. Creen que no van a producir igual”.
Otros casos, como Konecta (“Inkluye”) o Cineplanet (“Sin barreras”), muestran programas con esfuerzos puntuales, pero no son suficientes para mover la aguja del sistema.
La desigualdad subjetiva refuerza la material
El reporte de UNPRPD MPTF muestra que 16.4% de personas con discapacidad en el Perú reportan discriminación, frente a 9.8% de quienes no la tienen. “La barrera actitudinal de los trabajadores suele ser la principal barrera”, indica Luis Vásquez Sánchez, abogado y exdirector de Políticas en Conadis. Global Disability Fund revela que, según un estudio sobre derechos humanos realizado en el 2020, las personas con discapacidad son percibidas en el Perú como el cuarto grupo más discriminado, después de la población LGBTIQ+, personas con VIH y pueblos indígenas.
«16% de las personas con discapacidad en el Perú reportan discriminación»
El contraste general es claro: hay más registros, más beneficiarios, más leyes y más discurso corporativo. Pero la inclusión real avanza a un ritmo menor que el entusiasmo institucional.
El Perú ha pasado de la invisibilidad a la “gestión simbólica”: se reconoce el problema de las personas con discapacidad, se celebran iniciativas puntuales y se acumulan presentaciones en Gamma y/o PowerPoint. Lo que no se acumula son mejoras equivalentes en empleo formal, accesibilidad, ingresos, servicios o autonomía.
Las cifras confirman que la inclusión no se mide por normas ni certificados, sino por la capacidad de una persona con discapacidad para trabajar, estudiar, desplazarse y vivir sin barreras. Sin ese giro, la inclusión seguirá creciendo más rápido en los informes que en la vida real.