Por décadas, muchos en Lima creyeron que el problema del agua era un asunto de lluvias —o de falta de estas— en la zona andina. Ese relato es cómodo, pero incompleto.

La verdad es que Lima se está quedando sin agua no solo por el estrés climático, sino porque está drenando su subsuelo más rápido de lo que la naturaleza puede reponer.

La evidencia técnica lo confirma

Estimaciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) revelan que entre el 25% y 30% del agua que llega a los hogares limeños proviene de pozos subterráneos; en los años secos, esta proporción aumenta. De hecho, Sedapal reconoce que Lima depende de la cuenca subterránea del acuífero Rímac-Chillón para estabilizar la oferta pero depende más de lo que admite.

«Lima obtiene entre el 25% y el 30% del agua potable desde pozos»

Tal dependencia ocurre mientras el acuífero en cuestión, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), está sobreexplotado desde hace más de dos décadas. Los reportes piezométricos entre el 2000 y el 2022 muestran caídas en el nivel freático de hasta 15 metros en zonas como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho y el Callao, según la ANA. Y cuando un acuífero cae así, no está cediendo agua sino está avisando que se está agotando.

“La evolución histórica del caudal de explotación indica que los caudales totales, declarados a la ANA, se encuentran ligeramente por encima de lo recomendado”, refiere una de las conclusiones del Diagnóstico Inicial para el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín y Chilca, del Observatorio del Agua Chillón-Rímac-Lurín, elaborado por la ANA en el 2019.

«En zonas específicas de Lima se ha registrado una caída de hasta 15 metros en el nivel piezométrico en dos décadas»

La narrativa oficial intenta atenuar ese riesgo. En enero del 2023, la SUNASS anunció públicamente que de los 416 pozos de agua subterránea que opera Sedapal en Lima, 111 estaban destinados a garantizar el abastecimiento alternativo como pozos de reserva en caso de ocurrencia de eventos extremos. Sin embargo, esa descripción es, en el mejor de los casos, parcial. En la práctica, esos pozos son parte del suministro cotidiano. “La napa freática se va degradando en 7.5% por año”, dijo el ex viceministro de Vivienda, Francisco Dumler, en agosto del 2019.

El riesgo no es solo de escasez

Un estudio del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), realizado en 2019, alertó que la sobreexplotación del acuífero Rímac está generando subsidencia, es decir, el hundimiento progresivo del suelo. Surco, San Borja, Ate y el Callao ya muestran deformaciones del terreno.

Lima está siguiendo —a menor escala, pero en el mismo patrón— el camino de Ciudad de México, que se hunde porque agotó su acuífero.

El riesgo en Lima también es estructural.

Otro problema que todos callan: informalidad hídrica

En sus registros de derechos de usos de agua, la ANA reporta entre 1,800 y 2,000 pozos autorizados en Lima Metropolitana. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros del Perú, en un informe sobre pozos no autorizados en Lima, estima que en el 2021 son más de 4,000 los pozos que están en operación: conectados, clandestinos o subdeclarados.

La brecha es escandalosa: municipios que perforan sin autorización; clubes, condominios y predios comerciales con pozos “históricos” no regularizados; e industrias que declaran menos de lo que bombean.

«Los pozos reales, funcionando, conectados, clandestinos o subdeclarados, superan los 4,000»

Es más, solo uno de cada tres usuarios reporta correctamente su extracción, según las auditorías de la ANA. No es una anomalía sino que un sistema que permite perforar y regularizar después… o nunca. En ese sentido, la Contraloría alertó en el 2023 que la ANA no tiene personal ni recursos suficientes para fiscalizar efectivamente los pozos. Al respecto, el economista José Gabriel Cuéllar advierte que la gestión del agua subterránea es el principal punto ciego del sistema, siendo un recurso invisible que se agota sin que nadie lo vea. No es casual que las sanciones aparezcan casi siempre en zonas agrícolas o periurbanas, donde los controles son más visibles.

Por ejemplo, en el 2024, la ANA sancionó a Ara Foods Industry S.A.C. por usar agua subterránea sin autorización en Casma (Áncash), además de haber construido un pozo sin permiso previo. Ese mismo año, la ANA también abrió un proceso sancionador contra Fundo Pozo Alto S.A.C. en Punta Hermosa por perforar un pozo tubular sin autorización.

Aunque estos casos no son urbanos, evidencian un patrón que es técnicamente posible en Lima: acceso a agua subterránea sin control efectivo. Y eso explica por qué sabemos tan poco sobre quién bombea, cuánto bombea y con qué permisos lo hace.

Al respecto, dos ejecutivos de empresas que operan en el corredor Ate-Santa Anita pidieron reserva de nombre a Sustenia por razones regulatorias. Uno de ellos admitió: “Asumimos que nuestro proveedor de agua subterránea tiene autorización y que la cantidad que extrae corresponde a lo que indican sus permisos”.

Otro comentó que “si el acuífero sigue bajando, vamos a enfrentar un costo que hoy nadie mide: el de perder nuestra fuente de respaldo”.

La informalidad hídrica es probablemente la más grande del país después de la laboral.

Lima… ciega, sordomuda

La conclusión es clara: Lima se está quedando sin agua porque está drenando su subsuelo sin control, mientras el Estado vende la ilusión de que los pozos subterráneos son una “reserva”.

«Sustenia estima que al 2030 la disponibilidad de agua subterránea caerá entre 10% y 15%»

Según las tendencias reportadas por la ANA y Sedapal, y en función de la reducción anual estimada en la disponibilidad efectiva del acuífero Rímac–Chillón, Sustenia estima que el agotamiento acumulado de agua subterránea será de entre 10% y 15% al 2030.

Además, el riesgo de subsidencia aumentará y la dependencia de pozos como fuente “de seguridad” puede convertirse en un problema de salud pública si los niveles bajan al punto de intrusión salina, lo cual sería riesgoso para el Callao.

El acuífero que sostiene a la capital está bajo presión y en la actualidad no hay política pública capaz de revertir esa tendencia si no se empieza por decir la verdad.