Estamos a mitad de la segunda semana de la COP31, la conferencia anual de la ONU sobre cambio climático, que se lleva a cabo en Antalya, Turquía. Aún hay miles de personas en la sede: delegaciones de casi 200 países, sociedad civil, periodistas, científicos, empresarios y representantes de pueblos originarios. A estas alturas de una conferencia global del clima, los pasillos están menos concurridos que en la primera semana, y las salas pequeñas se llenan. Es la señal de que la negociación dejó de ser técnica y pasó a manos de los ministros. En Antalya ocurrió este miércoles por la noche, cuando la presidencia turca reunió a los jefes de delegación en el «Diván», un término otomano para las asambleas de gobierno, el formato informal que este año reemplaza al «mutirão» (esfuerzo colectivo, en portugués) de Belém.
Esta COP31 debería cerrar el viernes 20, aunque ninguna COP termina a tiempo desde 2003, según un recuento de Carbon Brief, y las últimas cinco se alargaron un día o más.
Nadie descarta que esta llegue al sábado.
Esta COP31 debería cerrar el viernes 20, aunque ninguna COP termina a tiempo desde 2003
Para entender lo que se juega, hay que mirar hacia atrás. La COP30 de Belém, en noviembre del año pasado, cerró con varias promesas a medio camino. Acordó triplicar hacia 2035 el dinero para que los países se adapten al cambio climático, pero no dijo respecto de qué año ni de dónde saldrán los fondos. Creó un mecanismo para que la transición energética sea justa con trabajadores y comunidades, pero sin definir cómo funcionará. Abrió un programa de dos años para discutir el financiamiento que los países ricos deben a los países en desarrollo. Y dejó fuera del texto final la hoja de ruta para dejar el petróleo, el gas y el carbón, por la oposición de los países productores. Brasil terminó publicándola por su cuenta este mes, fuera de la negociación formal.
Antalya debería convertir esas promesas en reglas. Los temas clave son cuatro: cuánto y cómo se triplica el dinero para adaptación; si el texto final vuelve a mencionar la salida de los combustibles fósiles; la apuesta de Turquía para que la electricidad llegue al 35 % del consumo final de energía en 2035; y el futuro del único espacio formal para negociar cómo reducir emisiones, el programa de trabajo de mitigación, que vence este año. A eso se suman las reglas de los mercados de carbono y la pelea por las medidas comerciales, como el arancel europeo al carbono que preocupa a los exportadores. La gran duda es si una cumbre que decide por consenso, donde un solo país puede bloquear, logrará algo más que una lista de buenas intenciones.

Cada COP produce decenas de decisiones técnicas, una por cada tema de la agenda, que los negociadores discuten línea por línea durante dos semanas. Pero lo que el mundo recuerda es otro texto: la decisión de cobertura, el documento político que resume hacia dónde dicen querer ir los países. Así nacieron el Pacto Climático de Glasgow en 2021 (COP26), el Consenso de Dubái en 2023 (COP28), donde por primera vez los países acordaron una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, y el Mutirão de Belém el año pasado. A diferencia de los textos técnicos, lo redacta la presidencia después de escuchar a los países, aunque igual necesita el visto bueno de todos. En Antalya, el proceso empezó con un resumen de «reflexiones» de la presidencia el viernes 13, siguió con el primer borrador del lunes 16 y espera una nueva versión antes del cierre. Lo que quede en ese texto es lo que se leerá como el resultado de la COP31.
Han pasado tres días desde que Australia, que conduce las negociaciones mientras Turquía preside la cumbre, publicó el primer borrador de la decisión de cobertura. Eran 144 párrafos con casi todo adentro. Hasta el cierre de esta nota, no salió una segunda versión. El ministro australiano Chris Bowen prometió al menos una más antes del cierre, y se espera para la mañana del jueves (hoy) en Antalya, la madrugada en Lima.
Hasta el momento, no hay consenso sobre hacia dónde dicen querer ir los países; para algunos es una lista de compras y para otros un espectáculo de terror
Un borrador que nadie quiere tal como está
El balance de estos tres días cabe en una frase del comisario de Clima de la Unión Europea, Wopke Hoekstra: el texto tiene muchas de las características de «una lista de compras». Hoekstra además advirtió que necesita «cambios significativos», según AFP. El Grupo Árabe y Rusia lo rechazan, según la misma agencia. Y la crítica de fondo, como resumió The Common Initiative citada por Periodistas por el Planeta, es estructural antes que ideológica: el borrador recopila todo y no prioriza nada.
El martes, la presidencia reunió a los jefes de delegación durante más de cuatro horas para hablar del texto. Un observador citado por Periodistas por el Planeta lo resumió como «un espectáculo de terror». Siguen abiertos cómo tratar la posibilidad, cada vez más cercana, de que el calentamiento supere temporalmente 1.5 °C (lo que en la jerga se llama «overshoot»), los combustibles fósiles y sus hojas de ruta, la meta de electrificación, la triplicación del financiamiento para adaptación, las referencias a la ciencia, incluido el calendario del próximo informe del IPCC, el panel científico de la ONU, y las medidas comerciales.
El dinero, otra vez el nudo
Si hay un tema que atraviesa todas las salas es el financiamiento. El martes por la tarde, un nuevo texto del programa de trabajo sobre financiamiento climático intentó tender un puente entre países en desarrollo y desarrollados. Se derrumbó por la noche, cuando la negociadora europea, según Periodistas por el Planeta, se negó a discutir el contenido y pidió una decisión de una sola página, limitada a lo procedimental, porque la propuesta «renegocia» lo ya acordado en Belém. El G77 y China, el bloque que reúne a 134 países en desarrollo, y el Grupo Árabe pidieron suspender la sesión, y desde las delegaciones del Sur se insinuó «mala fe». El texto llegó a acumular 123 puntos en disputa, frente a 74 de la versión anterior, según el blog en vivo de We Don’t Have Time.
El problema concreto es la adaptación, la promesa de triplicación que Belém dejó sin base ni fuentes definidas. América Latina y el Caribe sostienen que el punto de partida debe ser la meta de Glasgow, que fijó duplicar ese financiamiento a US$40,000 millones en 2025, lo que da un piso de US$120,000 millones, explicó Pilar Bueno, directora ejecutiva de Argentina 1.5°C. La Unión Europea, Japón y Noruega, entre otros, se han negado a esa conversación. Y aun si se llegara a esa cifra, el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del PNUMA estima necesidades de unos US$305,000 millones al año para 2035: la triplicación cubriría menos de la mitad.

El problema concreto es la adaptación, la promesa de triplicación que Belém dejó sin base ni fuentes definidas
Los anuncios de dinero de estos días no cambian el cuadro. El borrador sobre el Fondo de Adaptación, publicado el miércoles, reconoce que el fondo no alcanzó su meta anual de US$300 millones por tercer año consecutivo y que tenía US$553 millones disponibles frente a una cartera de propuestas de US$2,400 millones. Las primeras contribuciones anunciadas en Antalya, entre ellas 45 millones de euros de España para adaptación y pérdidas y daños, y 18 millones de euros de Alemania para dos fondos que administra el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el de los países menos adelantados y el especial para el cambio climático, quedaron lejos de esas cifras.
Lo que sí avanzó: las reglas del carbono
El miércoles trajo, por fin, textos limpios. El más relevante para el sector privado es el del artículo 6.2 del Acuerdo de París, que regula el comercio de reducciones de emisiones entre países. Aunque es un acuerdo entre gobiernos, el negocio lo mueven las empresas: son ellas las que desarrollan los proyectos que generan esas reducciones, y muchas veces también las que las compran, como las importadoras de combustibles en Suiza, las empresas que pagan impuesto al carbono en Singapur o las aerolíneas que deben compensar emisiones. Las reglas del 6.2 definen además qué tan sólido es un crédito, porque obligan al país vendedor a restar esa tonelada de su propia cuenta para que no se cuente dos veces.
Para entender por qué un texto limpio es noticia, hay que saber cómo se ve un texto de negociación. Lo que los países todavía no aceptan va entre corchetes, y cuando hay varias redacciones posibles para un mismo punto, aparecen como «opciones» para que los países elijan una. Un texto sin corchetes ni opciones es un texto que, en principio, todos están dispuestos a aprobar. Así llegó el borrador sobre el artículo 6.2, preparado por los cofacilitadores, los dos negociadores que la presidencia designa para conducir cada tema. El texto registra 66 enfoques cooperativos y 71 autorizaciones presentadas por 21 países, y pide a la secretaría de la ONU terminar las guías de revisión y priorizar la plataforma centralizada de contabilidad y reportes.
Un texto sin corchetes ni opciones es un texto que, en principio, todos están dispuestos a aprobar. Así llegó el borrador sobre la norma que regula el comercio de reducciones de emisiones entre países
El otro texto del carbono, el del mecanismo del artículo 6.4, un mercado de créditos supervisado por la ONU que reemplaza al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, sigue dividido. Tiene 10 corchetes y cuatro opciones, y el punto más delicado es si un país anfitrión podrá autorizar créditos hasta dos años después de emitidos, u otro plazo aún sin definir. Autorizar un crédito significa que puede usarse fuera del país y que este lo descuenta de su propia meta. Para quien compra créditos, eso no es un tecnicismo: define qué tan firme es lo que adquiere.
También quedaron limpios el texto sobre apoyo a los informes de transparencia, los reportes en los que cada país detalla sus emisiones y avances, que pide a los países presentar su segundo informe bienal antes del 31 de diciembre, y el del Comité Permanente de Finanzas, el órgano técnico que sigue los flujos de dinero climático. Este último tuvo un precio: para despejarlo se retiraron los pedidos de informes sobre cómo alinear los flujos financieros con el clima, sobre el cumplimiento de los países desarrollados y sobre el efecto de las medidas comerciales unilaterales en los países en desarrollo. Un texto sin corchetes no es todavía un acuerdo: recién lo será cuando lo apruebe el plenario final.
CÓMO QUEDAN LOS TEXTOS AL CIERRE DEL MIÉRCOLES 18
| Texto | Estado | Por qué importa a las empresas |
| Decisión de cobertura | Primer borrador del lunes (144 párrafos). Segundo borrador esperado el jueves. | Fija la señal política sobre fósiles, electrificación y adaptación. |
| Artículo 6.2 (comercio de carbono entre países) | Texto limpio, sin corchetes. 66 enfoques y 71 autorizaciones de 21 países. | Reglas de contabilidad para créditos que compran empresas y gobiernos. |
| Artículo 6.4 (mecanismo de la ONU) | 10 corchetes y 4 opciones. En disputa la autorización posterior a la emisión. | Define qué tan firme es un crédito comprado. |
| Transparencia (artículo 13) | Texto limpio. Pide segundos informes bienales antes del 31/12/2026. | Más datos públicos para comparar avances de países. |
| Comité Permanente de Finanzas | Texto limpio, tras retirar pedidos de informes sobre alineamiento financiero y comercio. | Sin seguimiento formal de cómo se alinean los flujos financieros. |
| Fondo de Adaptación | 7 corchetes y 9 opciones. Propone una meta de US$1,200 a US$1,500 millones para 2026-2029. | Termómetro del financiamiento para adaptación. |
| Programa de mitigación | 66 corchetes y 15 opciones. Duración y gobernanza, a manos de ministros. | La Cámara de Comercio Internacional pidió que sea «accionable» para destrabar inversiones. |
| Programa de financiamiento climático | Pasó de 74 a 123 corchetes. La UE pidió una decisión de una página. | Sin claridad sobre la triplicación para adaptación. |
Fuente: CMNUCC, blog en vivo de We Don’t Have Time y Periodistas por el Planeta (18/11/2026). Elaboración: TINKU para Sustenia.
Dónde está el sector privado
El dato que más debería leer un gerente de sostenibilidad no salió de una sala de negociación, sino de un informe técnico de la ONU que los negociadores citan en sus textos. La séptima evaluación bienal del Comité Permanente de Finanzas calcula que los flujos globales de financiamiento climático promediaron US$1.9 millones de millones al año en 2023 y 2024, 32 % más que en el bienio anterior. El 62 % fue dinero privado, impulsado sobre todo por inversiones en tecnologías limpias dentro de cada país. Y América Latina y el Caribe fue la región que más recibió del financiamiento privado movilizado con dinero público: 31 % del total. La contracara está en el mismo documento: el financiamiento para adaptación cayó 20 %, a unos US$63,000 millones anuales.
La CEPAL estima que el 12% del financiamiento climático que recibió la región entre 2020 y 2024 fue a adaptación
Esa brecha es también un riesgo de negocio. La CEPAL, que llevó a Antalya sus estudios sobre adaptación, calcula que, con las políticas actuales, el PIB per cápita de la región podría caer 7% hacia 2050. En un documento de septiembre estimó además que un episodio extremo de El Niño restaría al menos 2 % del PIB regional en tres años y podría sumar hasta 4.8 millones de personas a la pobreza. Según la misma CEPAL, apenas el 12% del financiamiento climático que recibió la región entre 2020 y 2024 fue a adaptación. Para una agroexportadora en Piura, una pesquera en Chimbote o una minera que depende del agua de la cordillera, adaptarse no es un rubro de responsabilidad social: es continuidad operativa.

Algunos gobiernos lo están traduciendo en herramientas para empresas. México presentó por video su Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación, pensada como guía para que municipios y empresas sepan qué medidas tomar en cada territorio. En el Perú, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, anunció en un panel organizado por BBVA que el país desarrolla una plataforma que dará a bancos y empresas información científica sobre riesgos climáticos. «Queremos que la información climática se transforme en decisiones financieras más informadas», dijo.
Las empresas también llegaron con pedidos propios. Antes de la cumbre, más de 180 compañías, entre ellas Ikea, Danone y Schneider Electric, pidieron a la presidencia cerrar la brecha en electrificación, y la Cámara de Comercio Internacional planteó cuatro prioridades, entre ellas un programa de mitigación «accionable» y una adaptación «invertible». Al cierre del miércoles, ese programa de mitigación seguía con 66 corchetes y 15 opciones, y la meta de llevar la electricidad al 35 % del consumo de energía en 2035 seguía atascada en una pregunta básica: si esa electricidad tiene que ser renovable.
Liderar la acción climática desde una empresa ya no se mide por los anuncios en un pabellón, sino por la coherencia entre lo que se promete en el escenario y lo que se defiende en los pasillos, por la calidad verificable de lo que se compra y se reporta, y por cuánto se invierte en que la propia cadena de valor resista el próximo Niño
Pero en una COP no todo el sector privado empuja en la misma dirección, y estos días lo mostraron con cifras. Un análisis de DeSmog contó 260 representantes de la industria agroalimentaria acreditados en Antalya, más que varias delegaciones nacionales, con un aumento de 45 % de los grupos ligados a fertilizantes respecto de Belém.
En paralelo, las negociaciones sobre agricultura fracasaron y se postergaron para la reunión de junio en Bonn, Alemania, donde tiene su sede la secretaría de la ONU sobre cambio climático. Cada año, a mitad de camino entre una COP y otra, los negociadores técnicos se reúnen allí durante unas dos semanas para avanzar los textos que luego se deciden en la cumbre de fin de año. En Bonn no se toman las grandes decisiones: se prepara el terreno. Que un tema se mande a Bonn significa, en la práctica, que pierde otro año.
La lección que dejan estos tres días es menos retórica y más práctica. Liderar la acción climática desde una empresa ya no se mide por los anuncios en un pabellón, sino por la coherencia entre lo que se promete en el escenario y lo que se defiende en los pasillos, por la calidad verificable de lo que se compra y se reporta, y por cuánto se invierte en que la propia cadena de valor resista el próximo Niño. Las reglas del 6.2 y de transparencia que salieron limpias esta semana van en esa dirección: hacen más difícil contar dos veces la misma tonelada y más fácil comprobar quién cumple.
América Latina, entre el reclamo y la oportunidad
La región tuvo voces fuertes en estos días. Panamá se sumó el miércoles, junto con Guatemala, Ghana, Kenia, Nepal y San Vicente y las Granadinas, al bloque que impulsa un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, que ya suma 30 países. Su ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo a la prensa: «Estamos siendo rehenes de la mafia petrolera». El Perú, por su parte, participa de la Iniciativa para las Turberas, lanzada en Antalya, junto con Alemania, Irlanda y Uganda. La iniciativa busca movilizar al menos US$100,000 millones al 2030 para conservar y restaurar estos ecosistemas, clave en la Amazonía peruana.
En su declaración ante el plenario, el ministro Huaroc presentó la crisis climática como “una oportunidad para transformar nuestra economía, atraer inversiones y construir un país más resiliente y próspero”. Le dio un papel clave al sector privado: “Las empresas que se anticipan a los riesgos climáticos ganan competitividad y acceso a nuevos mercados”, dijo, y ofreció desde el Estado “reglas claras y estables”. Pidió que el financiamiento climático “deje de ser una promesa distante” y que la conferencia marque “el paso de las declaraciones a las decisiones”.
Su único anuncio fue una campaña nacional para formar “ciudadanos ambientales”. Llamó a la Amazonía “uno de los grandes pulmones naturales del planeta”, pero en su declaración no aparecen la deforestación, la minería ilegal ni las metas climáticas que el Perú presentó ante la ONU. Promovió los mercados de carbono para “generar beneficios para nuestras comunidades”, sin mencionar a los pueblos indígenas, las salvaguardas ni la consulta previa. Para un inversionista que mira la Amazonía peruana como destino de proyectos de carbono, ese vacío es un dato de riesgo: sin territorios indígenas protegidos y sin consulta previa, difícilmente habrá un crédito que resista una auditoría.
El propio ministro dio la clave sin desarrollarla: anticiparse al riesgo climático abre mercados. Y uno de esos riesgos tiene fecha. El 30 de diciembre, en seis semanas, empieza a aplicarse el reglamento europeo contra la deforestación, que prohíbe vender en la Unión Europea café, cacao, madera, aceite de palma y otras materias primas si no se demuestra que no vienen de tierras deforestadas ni de producción ilegal. La Comisión Europea ya descartó una nueva postergación para las empresas grandes y medianas; las pequeñas tienen plazo hasta junio de 2027. Para el Perú no es un tema menor: esos productos suman alrededor del 12 % de lo que el país exporta a Europa, según el Banco Mundial. Y aunque el país avanzó, con más de 181 mil parcelas de cacao, café y palma geolocalizadas a marzo, todavía no cierra la trazabilidad de toda la cadena. Lo que se discute en Antalya empuja en la misma dirección: el borrador de la decisión de cobertura da la bienvenida a la hoja de ruta contra la deforestación que lideró Brasil. La acción climática dentro de una empresa, entonces, no es solo reputación: es la condición para seguir vendiendo en los mercados que más pagan.
Lo que viene
Hoy jueves 19 debería salir el segundo borrador de la decisión de cobertura, y con él se sabrá qué sobrevive del lenguaje sobre fósiles, de la meta de electrificación y de la cifra para adaptación. En paralelo, el miércoles arrancó el segundo balance mundial, la revisión que cada cinco años mide el avance del Acuerdo de París y que concluirá en 2028. Para las empresas, será el próximo examen público de si la economía real se movió, y lo que se decida en Antalya en las próximas 48 horas marcará con qué reglas llegará a esa evaluación.