Declaraciones solemnes cada 25 de noviembre, compromisos reiterados desde el Poder Ejecutivo, exhortaciones de la Defensoría del Pueblo, pronunciamientos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llamados de organizaciones civiles, marchas, eventos y compromisos corporativos, activaciones empresariales… ¡Golpes en el pecho..!

Feminicidios y desapariciones en zona crítica

El MIMP reportó 119 feminicidios entre enero y octubre del 2025, 13% menos que en el mismo periodo del 2024. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que durante el 2024 se registraron 154 casos de feminicidio en el país, 5% más que el año anterior. “El 25N nos recuerda la gravedad de la violencia contra la mujer, una realidad que nos sigue afectando de manera desproporcionada en todo el mundo”, dice Edith Sáenz, gerente de gestión del talento, calidad y SSOMA de Equans Perú. Cabe señalar que, entre 2015 y 2024, se contabilizaron 1,345 feminicidios en el Perú. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que los casos de feminicidio son más en número, bajo su propio sistema de alertas: 170 en 2024.

«15% de los feminicidios ocurridos en 2024 corresponde a mujeres que fueron reportadas previamente como desaparecidas»

El panorama se agrava con el aumento de las desapariciones. La Defensoría del Pueblo registró 7,097 notas de alerta de mujeres desaparecidas en el 2024, un incremento de 37% respecto del 2023. Es más, el mismo organismo reportó un aumento de 31% en mujeres adultas y 41% en niñas y adolescentes durante el primer semestre del 2025, respecto del año anterior.

Para la Defensoría del Pueblo, existe un vínculo documentado entre las desapariciones y los feminicidios: el 15% de los feminicidios del 2024 corresponde a mujeres reportadas previamente como desaparecidas.

La violencia cotidiana tampoco muestra retrocesos

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2022-2023, realizada por el INEI, el 36% de mujeres de 15 a 49 años sufrió —en los últimos 12 meses— violencia familiar; mientras que en el 56% de los casos esta fue ejercida por su pareja alguna vez en su vida. Solo el 29% buscó apoyo en alguna institución.

Estas cifras se mantienen estables desde mediciones anteriores del INEI, lo cual evidencia una ausencia de cambio estructural.

«56% de las mujeres, alguna vez en su vida, ha sufrido violencia por parte de su pareja»

De otro lado, el MIMP informó haber atendido 128,000 casos de violencia entre enero y marzo del 2025. Asimismo, la última información disponible sobre la Línea 100 revela que esta registró 72,350 llamadas en el primer semestre del 2024. El aumento de la atención institucional solo refleja que la violencia continúa replicándose.

A esto se suma un problema crítico en la Policía Nacional del Perú. Entre 2018 y 2024, 2,239 policías fueron investigados por delitos vinculados a violencia de género, incluyendo feminicidio, tentativa y violencia sexual, según el portal Ojo Público. La coexistencia de unidades especializadas en protección y de agresores dentro de la institución afecta directamente la confianza pública y la capacidad del Estado para proteger a las víctimas.

Shely Cabrera, abogada del Movimiento Manuela Ramos Cabrera, explica que la respuesta estatal continúa reproduciendo prácticas de revictimización, pese a que el país cuenta con políticas y leyes construidas durante décadas de lucha feminista. “No es que falten políticas públicas, lo que falta es capacitación. Hemos visto casos donde se niega la recepción de una denuncia o se dice que la víctima ‘seguramente se fue con otra pareja’. El problema es la falta de preparación del personal que atiende”, señala.

Por otro lado, Luciana Olivares, CEO de Boost Brand Accelerator, explica que en el entorno profesional y laboral existe una violencia más silenciosa, más asolapada, más corporativa pero más dolorosa: “Porque la violencia no es solo física o verbal. También es esa mirada que deslegitima, ese silencio que legitima, ese comentario que minimiza, ese ‘qué egocéntrica’, ese ‘algo habrá hecho’, ese ‘está donde está por…’. Es el aplauso que no damos. Es la sospecha automática. Es la rapidez con la que juzgamos a otra mujer sin ensuciarnos los zapatos caminando su historia”, refiere Olivares.

El discurso (oficial) no niega la crisis

En marzo del 2024, Geraldine Chávez Villafane, consultora del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), describió la violencia contra la mujer como “una problemática en escala y sin resolver”. Incluso, el presidente de transición, José Jerí, arrastra una acusación gravísima: una mujer lo denunció por una supuesta violación sexual. Y pese a incumplir una orden judicial de someterse a un tratamiento psicológico “por impulsividad y conducta sexual patológica”, un fiscal ordenó archivar la denuncia por falta de evidencias.

Mariana Alegre, fundadora y directora ejecutiva en Sistema Urbano, indicó a Sustenia: “Es triste que las mujeres no podamos tener la opción de vivir seguras y sin miedo en nuestra propia patria y eso no se va a lograr sin promover la igualdad de derechos”.

Por su parte, Chávez explica que en los últimos años se ha fortalecido el marco legal y las políticas dirigidas a contrarrestar toda forma de violencia basada en género contra las mujeres. Sin embargo, advierte que “se trata de un proceso desarticulado y fraccionado que se muestra aún insuficiente”. 

Un desbalance entre gestos y resultados

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y opera como un problema estructural sostenido por fallas simultáneas en prevención, justicia, protección, confianza institucional y control interno en las fuerzas del orden.

«La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos»

Tal problemática tiene mucho que ver con la discriminación que la mujer sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. Pero también es, como dice Olivares, una violencia que se disfraza de silencio administrativo cuando en entornos laborales son las propias mujeres quienes destruyen la reputación de otras.

El Perú tiene leyes, protocolos y servicios especializados. Tiene datos públicos y mecanismos de denuncia. Tiene discursos que reconocen la gravedad del problema. Lo que no tiene es evidencia de reducción consistente: feminicidios, desapariciones y violencia intrafamiliar no registran disminuciones sostenidas.

El riesgo es que el Perú consolide una forma de normalización de la violencia de género: una forma de “greenwashing institucional” aplicada a derechos humanos.