El mundo ya superó los 1.3° C de calentamiento promedio. Belém lo dejó claro desde el primer día: los impactos acumulados —incendios, olas de calor, inundaciones extremas, pérdida de cosechas— están avanzando más rápido que la capacidad institucional para responder.

El costo de la inacción será mayor que cualquier inversión anticipada

La Presidencia de la COP30 lo expresó sin retórica: hemos pasado “de la era de las advertencias a la era de las consecuencias”. Y las cifras lo respaldan. Los desastres climáticos generaron US$ 313,000 millones en pérdidas económicas en el 2024, según AON, siendo el tercer año más costoso de la historia. El Banco Mundial, por su parte, estima que, sin medidas de adaptación, 216 millones de personas podrían verse forzadas a desplazarse dentro de sus propios países antes del 2050.

Por primera vez, el Fondo de Pérdidas y Daños abrió su primera convocatoria para financiar respuestas inmediatas en países vulnerables. Esto marca una diferencia estructural: deja de ser un instrumento conceptual para convertirse en un mecanismo operativo con recursos iniciales.

Paralelamente, los bancos multilaterales de desarrollo anunciaron que duplicarían su financiamiento de adaptación, alcanzando US$ 26,000 millones en el 2024, dirigidos a economías de ingresos bajos y medios.

Los compromisos filantrópicos también dieron un giro

La Fundación Gates anunció US$ 1,450 millones para agricultura resiliente en África y Asia, ante la creciente inseguridad alimentaria vinculada a cambios en temperatura, disponibilidad de agua y plagas.

Por su parte, la “Declaración de Belém sobre Hambre, Pobreza y Acción Climática Centrada en las Personas” —firmada por 43 países y la Unión Europea— recoge una visión integral de adaptación: sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente, protección social sensible al clima y apoyo directo a pequeños productores rurales. Este enfoque rompe con la idea de que adaptación es solo infraestructura pues involucra sistemas sociales, territoriales y económicos.

Brechas abismales

América Latina carga una paradoja: es una de las regiones más vulnerables al cambio climático y, al mismo tiempo, una de las que menos invierte en adaptación. El Perú lo refleja con claridad. Aunque presentó en la COP30 herramientas como AdaptAcción y el Country Package, la brecha entre el diseño técnico y la ejecución territorial es profunda. Regiones como Piura, Madre de Dios y Ucayali ya viven una crisis de resiliencia estructural, donde lluvias extremas, sequías, erosión y colapso de infraestructura conviven con escasez de sistemas de prevención.

Sin adaptación, la transición energética no protege vidas ni economías. La región no puede seguir posponiendo un problema que ya está mostrando sus costos. Belém deja una responsabilidad: construir resiliencia no es un lujo climático, es la condición mínima para sostener cualquier posibilidad de desarrollo.