En cada COP surge la duda: ¿qué hizo y qué firmó realmente el Perú? En Belém, por fin, hay evidencia verificable.

El discurso internacional

En primer lugar, el Perú figura en el texto oficial de la conferencia climática de la ONU como uno de los 44 firmantes (43 países y la Unión Europea) que suscribieron la Belém Declaration on Hunger, Poverty and Human-Centered Climate Action. Este documento reconoce que el cambio climático agrava hambre, pobreza e inseguridad alimentaria y coloca a este instrumento, junto a la resiliencia territorial, como eje central de una acción climática que debe estar centrada en las personas.

Dicha declaración incorpora además un punto crucial: el apoyo explícito al Tropical Forests Forever Facility (TFFF), el nuevo mecanismo forestal global.

En paralelo, el Ministerio del Ambiente llegó a Belém con la actualización de sus NDC 3.0, que consolidan metas de mitigación y adaptación al 2030 y apuntan a una economía baja en carbono al 2050, tras un proceso participativo con sociedad civil, pueblos indígenas, gobiernos regionales y sectores productivos.

Este documento oficial destaca el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami), presentado como el primero de su tipo en América Latina para fortalecer la integridad de los mercados de carbono y generar confianza para inversiones climáticas. Ello también incluye la herramienta AdaptAcción –una aplicación para identificar riesgos y priorizar medidas de adaptación incluso sin conectividad– y el Plan Nacional de Adaptación, con 84 medidas priorizadas en sectores clave.

El anuncio más relevante en bosques ha sido el “Paquete País” del Perú, presentado oficialmente en la COP30, en el marco de la Alianza de Líderes en Bosques y Clima (FCLP, por sus siglas en inglés), como un plan de implementación para captar nuevos fondos climáticos, dirigirlos a la Amazonía y cumplir las NDC del país.

Kurt Holle, representante de WWF en el Perú, señaló que este plan “consiste en convertir los compromisos en cambios reales sobre el terreno (…) Es una oportunidad para ampliar las soluciones que funcionan y garantizar que la Amazonía siga siendo una fuente de vida para las generaciones venideras”.

La coherencia interna pendiente

Si bien la combinación de la Belém Declaration, NDC 3.0, Renami, AdaptAcción y el Paquete País se configura como una imagen nacional que busca articular bosques, derechos indígenas y finanzas climáticas; la coherencia interna enfrenta tensiones visibles.

En primer lugar, hasta mediados del 2025, según un informe del Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP) publicado en septiembre de este año, la deforestación por minería de oro alcanzó una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú.

La región Madre de Dios concentra la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total); aunque las regiones Huánuco y Puno también presentan valores considerables de deforestación por minería: 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.

Asimismo, el informe añade que las regiones Loreto y Amazonas son las que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos: 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017-2025, respectivamente.

Por otro lado, la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en el 2024 y criticada por organizaciones ambientales e indígenas, flexibilizó la conversión de los bosques y facilitaría la legalización de la deforestación pasada. “Lo que hace esta ley es pretender regularizar las invasiones y las deforestaciones ilegales. Detrás de ella, hay intereses que van en contra del desarrollo sostenible de la Amazonía, en contra de los derechos de pueblos los indígenas, y van a favor de actividades ilícitas”, explica Mariano Castro Sánchez-Moreno, ex viceministro de Gestión Ambiental.

Es más, en septiembre pasado, la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) rechazó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto, ignorando más de 20 años de lucha indígena y 113 evidencias de pueblos en aislamiento. De esta manera, siguen las dudas sobre la voluntad política del Gobierno de resguardar territorios amazónicos.

Finalmente, la semana pasada, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, con el respaldo de diversas bancadas políticas, aprobó la propuesta de ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta finales del 2027. “Lo que nació como una herramienta temporal para ordenar la pequeña minería y la minería artesanal, hoy funciona como un refugio donde operan miles de personas sin cumplir estándares mínimos, sin control y sin responsabilidad real frente a los daños que generan”, expresó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) a través de un comunicado.

Lo que falta es voluntad política sostenida

La verdad incómoda es que -sin mayor protagonismo en la COP30, a diferencia de Colombia, Panamá y la anfitriona Brasil-, la postura peruana en Belém es más ambiciosa afuera que adentro. Si el Perú quiere aprovechar instrumentos como el TFFF, atraer financiamiento climático y consolidar credibilidad, tendrá que cerrar la brecha entre el compromiso internacional y la ejecución local.

Por ejemplo, el Perú no puede apoyar un fondo como el TFFF que paga por bosques en pie mientras internamente debilita los sistemas de control y permite que la deforestación avance en regiones críticas de la Amazonía.

En ese sentido, la COP30 deja un mensaje claro para el país: no basta con firmar documentos en Belém. El Perú necesita una reforma climática interna que incluya financiamiento estable, fortalecimiento institucional, lucha frontal contra las economías ilegales y una política amazónica moderna.

La coherencia entre lo que se firma afuera y lo que se hace internamente será el verdadero termómetro de credibilidad para el Perú.