En territorios indígenas bien gestionados, las tasas de deforestación son entre 2 y 3 veces menores que en áreas sin gobernanza comunitaria. En la Amazonía, donde se almacena cerca de 200 gigatoneladas de carbono, la presencia indígena es la herramienta más efectiva de conservación existente.
El lanzamiento del Tropical Forests Forever Facility (TFFF) lo dejó explícito: al menos 20% de los recursos deben llegar directamente a pueblos indígenas y comunidades locales. Es la primera vez que un instrumento financiero multilateral establece un mandato de este tipo. Y no es casual.
Estudios del World Resources Institute demuestran que reconocer derechos territoriales reduce la deforestación entre un 20% y 30% en el corto plazo, y estabiliza ecosistemas críticos a largo plazo.
En Belém, líderes indígenas de toda la cuenca amazónica elevaron su voz con claridad. Fermín Chimatani, desde el Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional (RIJ) del Perú, presentó un modelo que ya gestiona más de 7 millones de hectáreas con resultados sostenidos. Su mensaje fue directo: “no somos beneficiarios, somos autoridades territoriales”. Este enfoque quiebra una lógica de décadas donde la conservación era vista como un proyecto técnico, no como un sistema de gobernanza vivo.
La Declaración de Belém sobre Hambre, Pobreza y Acción Climática Centrada en las Personas —firmada por 43 países y la Unión Europea— reforzó el mandato: los pueblos indígenas son agentes de resiliencia, no actores secundarios. El documento reconoce que proteger la Amazonía requiere no solo financiamiento, sino garantizar derechos, fortalecer instituciones comunitarias y asegurar beneficios económicos para quienes sostienen los bosques.
El peso político también cambió
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y organizaciones territoriales participan ahora en negociaciones con un nivel de incidencia sin precedentes. Exigen mecanismos de acceso directo a fondos climáticos, transparencia en el gasto y participación vinculante en decisiones de largo plazo.
La COP30 ha demostrado que el Sur Global ya no está dispuesto a mantener estructuras de gobernanza que excluyen a quienes protegen la mayor parte de los ecosistemas críticos del planeta.
En el Perú, este giro global expone luces y sombras. El país posee 13% de la Amazonía, pero aún enfrenta brechas profundas en titulación, seguridad territorial y protección frente a las economías ilegales, principalmente la minería.
La COP30 envía una señal directa: sin fortalecer la gobernanza indígena, cualquier estrategia climática es incompleta. La conservación no es un proyecto ambiental, es un proyecto político. El consenso de Belém lo entendió. El reto es si el Perú está listo para asumirlo.
La eventual aprobación de la extensión del Reinfo hasta diciembre del 2027 demuestra que poco o nada importa esto a nuestras autoridades políticas.