Después de varios años en los que el crecimiento económico ocupó el centro del debate público, el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori propone un cambio de énfasis: el objetivo principal del Gobierno ya no será únicamente hacer crecer la economía, sino reducir el déficit social acumulado durante décadas.
No es un cambio menor. En términos de sostenibilidad, la dimensión social deja de aparecer como una consecuencia automática del crecimiento para convertirse en un objetivo explícito de política pública.
La presidenta Fujimori sostiene que el verdadero éxito de su gestión será cerrar las brechas que mantienen a millones de peruanos al margen del desarrollo, reorganizando la acción del Estado alrededor del ciclo de vida de las personas. La arquitectura de su primer mensaje presidencial es consistente. El Gobierno plantea tres grandes políticas nacionales: protección integral de la primera infancia, niñez y familia; oportunidades para los jóvenes; y protección del adulto mayor. Esta estructura rompe parcialmente con la lógica tradicional de programas sociales dispersos y plantea una intervención más integrada, con metas cuantificables para cada etapa de la vida.
Los compromisos anunciados son ambiciosos: reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica infantil, disminuir en 50 % la pobreza de los niños de hasta 11 años, cerrar las brechas de aprendizaje en matemáticas y comprensión lectora, ampliar Beca 18, reducir el desempleo juvenil y duplicar el monto de Pensión 65 para las personas en pobreza extrema. Más allá de su viabilidad financiera, el discurso introduce un elemento poco frecuente en la política peruana: la medición de resultados mediante objetivos verificables.
También destaca el reconocimiento de que las desigualdades territoriales requieren respuestas diferenciadas. La Amazonía, las comunidades indígenas, las zonas rurales, altoandinas y fronterizas aparecen reiteradamente como prioridades para la expansión de servicios públicos y programas sociales. Esa focalización reconoce que la pobreza no se distribuye de manera homogénea y que el territorio continúa siendo uno de los principales factores de exclusión en el país.
«Si bien Fujimori reconoce que las desigualdades territoriales requieren respuestas diferenciadas, su propuesta aún es redistributiva y asistencial»
Sin embargo, la propuesta mantiene un enfoque predominantemente asistencial. Las poblaciones indígenas y amazónicas son presentadas principalmente como beneficiarias de políticas públicas, pero el discurso no desarrolla mecanismos para fortalecer su participación en las decisiones que afectan sus territorios ni hace referencia a instrumentos como la consulta previa, la gobernanza intercultural o el reconocimiento de derechos colectivos. En una agenda contemporánea de sostenibilidad, la inclusión no depende únicamente del acceso a servicios, sino también de la capacidad efectiva de participar en la toma de decisiones.
Lo que dijo Fujimori
La dimensión social constituye el eje central del mensaje presidencial. Entre los principales compromisos destacan:
- reorganizar los programas sociales alrededor de un sistema de protección integral;
- reducir significativamente la anemia, la desnutrición y la pobreza infantil;
- fortalecer la educación pública mediante infraestructura, formación docente y alimentación escolar;
- ampliar las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes;
- establecer una política nacional para la protección integral del adulto mayor;
- priorizar la intervención estatal en zonas rurales, amazónicas, indígenas y fronterizas.
En conjunto, estas medidas reflejan una visión donde el desarrollo se mide por la calidad del capital humano y no únicamente por el desempeño económico.
Lo que el discurso no desarrolló
A pesar de su amplitud, la agenda social presenta omisiones importantes desde una perspectiva ESG.
La igualdad de género ocupa un espacio reducido. El único compromiso específico está relacionado con la reducción del embarazo adolescente.
«No aparecen referencias a violencia contra las mujeres, autonomía económica femenina, igualdad salarial, sistemas de cuidados, liderazgo de mujeres, participación política o reducción de brechas laborales»
La dimensión de derechos humanos también permanece limitada. El discurso reafirma el respeto a las libertades individuales, la libertad de expresión y la independencia de poderes, pero no desarrolla políticas específicas para la protección de defensores de derechos humanos, personas con discapacidad, migrantes u otros grupos históricamente expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad. Tampoco incorpora una estrategia de debida diligencia en derechos humanos para las actividades empresariales y los grandes proyectos de inversión.
Otro vacío significativo es la ausencia de una política explícita de gestión de conflictos sociales. El Gobierno anuncia un amplio programa de infraestructura y promete acelerar la inversión pública y privada, pero no plantea mecanismos para fortalecer el diálogo territorial, prevenir controversias o mejorar las relaciones entre empresas, comunidades y Estado. En un país donde buena parte de los conflictos sociales se originan alrededor del uso del territorio y los recursos naturales, esa dimensión resulta determinante para la sostenibilidad de cualquier estrategia de crecimiento.
La seguridad ciudadana merece un análisis particular. El mensaje la convierte en la principal prioridad inmediata del Gobierno e incorpora herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, videovigilancia y fortalecimiento policial para enfrentar el crimen organizado. Desde una perspectiva social, recuperar espacios públicos y proteger la integridad de las personas constituye una condición indispensable para el desarrollo. Sin embargo, el discurso no desarrolla salvaguardas relacionadas con privacidad, protección de datos personales, supervisión del uso de tecnologías de vigilancia o estándares de derechos humanos durante los estados de emergencia. La sostenibilidad también depende de que las políticas de seguridad fortalezcan la confianza institucional sin debilitar las garantías fundamentales.
«La seguridad ciudadana es la principal prioridad inmediata del Gobierno de Fujimori»
El veredicto social
La dimensión social representa el componente más sólido del primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori. El Gobierno propone reorganizar las políticas públicas alrededor del ciclo de vida, establece metas cuantificables y reconoce que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población. No obstante, la agenda mantiene un enfoque predominantemente redistributivo y asistencial. La igualdad de género, los derechos colectivos, la participación comunitaria y la prevención de conflictos sociales permanecen insuficientemente desarrollados. El desafío de los próximos cinco años no será únicamente ampliar la cobertura de los programas sociales, sino fortalecer las capacidades, la autonomía y la inclusión efectiva de las personas y los territorios que históricamente han permanecido al margen del desarrollo.