Dos activos que se confunden
La reputación social es el reconocimiento que se gana con la inauguración: momentáneo, sostenido mientras dura la buena voluntad de la autoridad de turno y medido por comparación con los pares del sector.
Por otro lado, la licencia social es aceptación instalada en la cotidianidad: el punto en que la empresa deja de ser un actor externo que entrega infraestructura y pasa a formar parte de la vida diaria de la comunidad. Para un inversionista con horizonte de una década o más —el de cualquier operación minera, energética o de infraestructura de gran escala— esa segunda forma de legitimidad es la única que sobrevive a los cambios de autoridad.
«La licencia social va más allá del hito logrado el día de la entrega de obra. Es un activo que se revalida o se erosiona todos los días, en función de si el aula tiene profesor, si la posta tiene medicinas y si la carretera tiene mantenimiento»
No es un permiso: es una condición de hecho
La licencia social previa, como concepto integral, no forma parte del ordenamiento peruano. Invocarla como requisito sugiere que existe una autorización social por encima de la ley, cuando el artículo 66 de la Constitución atribuye al Estado la potestad de fijar las condiciones de utilización de los recursos naturales. De ahí una conclusión operativa: exigir licencia social previa es fáctica y jurídicamente inviable, porque esa licencia es mutable en el tiempo y se construye por etapas, desde la aceptación de la inversión o de la infraestructura hasta la necesidad cotidiana.
Cuatro factores, y el único que sobrevive al cambio de autoridad
Boutilier y Thomson (2012) validaron el modelo dominante en Bolivia, México y Australia. El resultado son cuatro factores acumulativos y, a mi juicio, leerlos en orden explica por qué tantas de nuestras estrategias de relacionamiento se estancan:
- Legitimidad económica. El proyecto ofrece beneficio a entorno directo de mercado y población, además del inversionista. La ausencia de rentabilidad determina el retiro de la empresa. Así, si solo se cuenta con el beneficio económico, el rango posible queda confinado entre el retiro y la aceptación mínima.
- Legitimidad sociopolítica. La empresa contribuye al bienestar de la región, respeta el modo de vida local y actúa conforme a la idea de justicia de los grupos de interés.
- Confianza interaccional. La empresa y su gerencia escuchan, responden, cumplen promesas y actúan con reciprocidad.
- Confianza institucionalizada. Las relaciones entre las organizaciones representativas de la comunidad y la empresa se basan en una consideración duradera de los intereses recíprocos.
«La confianza institucionalizada no vincula a un gerente con un alcalde: vincula a una organización con otra. Es lo único del modelo que, por construcción, no se extingue cuando cambian las personas»
El objetivo: necesidad cotidiana
El objetivo de una empresa que planea operar 20 o 30 años en un territorio no es ser bien vista, ni liderar un ranking, ni acumular obras entregadas. Es alcanzar el nivel en que la relación con la población y el territorio esté institucionalizada: sostenida por organizaciones, reglas, comités, costumbres y mecanismos con existencia propia, capaces de operar cuando cambian todas las personas de ambos lados de la mesa.
En el vocabulario de Boutilier y Thomson significa confianza institucionalizada; en el de Suchman, legitimidad cognitiva; en el mío, necesidad cotidiana: la condición en que la presencia de la organización se percibe como necesaria o inevitable y ya no se somete a evaluación activa.
La secuencia no admite atajos: la licencia empieza con transacciones de bajo compromiso, mejora con la acumulación de capital social y solo entonces cristaliza en la institucionalización de los vínculos. Una empresa que permanece en la primera etapa —transacciones, aportes, entregas— puede sostenerla veinte años sin ascender nunca.
«La duración no produce institucionalización por sí sola»
La variable peruana que la teoría global no modela
La literatura internacional trata el cambio de autoridad como una contingencia. En el Perú es una certeza legal: la Ley N.° 30305, de 2015, prohíbe la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, salvo el caso de autoridades que logran eludir la prohibición.
La implicancia rara vez se incorpora a la planificación social corporativa: ninguna relación de confianza construida con un alcalde o un gobernador puede durar más de cuatro años, porque la ley lo impide. No es un riesgo político; es una condición de diseño del sistema, y una estrategia de legitimidad anclada en personas tiene fecha de caducidad conocida de antemano. A ello se suma que la movilidad de funcionarios en los gobiernos subnacionales es la más alta del sector público y que esos mandatos son revocables.
«Contraparte que caduca por mandato constitucional, funcionarios que rotan y mandatos revocables: mar bravo permanente»
Octubre de 2026: la inversión social como capital político
El 4 de octubre se eligen 25 gobernaciones regionales, 196 alcaldías provinciales y 1,696 distritales. El mecanismo es previsible: toda obra financiada por una empresa en los últimos cuatro años fue inaugurada por una autoridad hoy impedida de reelegirse, que necesita convertirla en legado transferible al candidato de su continuidad.
Por su parte, los opositores necesitan lo contrario: demostrar que fue insuficiente, mal ejecutada o el resultado de una negociación corrupta o desventajosa para la población.
«La inversión social de la empresa se transforma así en el terreno de la disputa, no en un activo neutral»
La empresa entra en ese circuito sin haberlo elegido y con un margen estrecho: cualquier defensa pública de la obra la alinea con la gestión saliente; cualquier silencio la deja sin narrativa frente a la deslegitimación. Y el Decreto Supremo N.° 073-2026-PCM, que prohíbe a los funcionarios públicos opinar sobre candidatos, reduce la disponibilidad de interlocutores estatales dispuestos a pronunciarse sobre cualquier proyecto.
La norma abrió una puerta; no creó el incentivo
La Ley N.° 32460 y el D.S. N.° 038-2026-EF convirtieron Obras por Impuestos de un régimen de “obra” a uno de “intervención”: inversiones, operación y mantenimiento, servicios y vivienda rural. Por primera vez existe una vía legal para financiar la continuidad de un servicio y no solo el activo que lo alberga.
Sería excesivo, sin embargo, concluir que el problema quedó resuelto: la habilitación rige solo en zonas rurales, de frontera o de emergencia, y sobre servicios determinados en listados cerrados —tres en educación, catorce en salud, dos en saneamiento—.
La teoría anticipa el efecto de ese diseño. Obras por Impuestos funciona porque responde también al interés de la empresa financiadora —Porter y Kramer exigen que la intervención social se conecte con la cadena de valor del negocio—, de modo que un catálogo estrecho y ajeno a las prioridades del territorio opera como desincentivo: reduce el universo elegible, encarece la estructuración y traslada al financista el riesgo de un desajuste entre lo que la norma admite y lo que su zona de influencia exige. Lo previsible es que el comportamiento agregado del mecanismo no varíe mucho y siga concentrándose en obra.
«El cambio normativo abre una puerta; no crea por sí mismo el incentivo para atravesarla. Eso convierte la ampliación de los listados sectoriales en un asunto de incidencia y no de mera espera»
La necesidad medida y la necesidad sentida
La brecha real de una comunidad no siempre coincide con lo que un estudio técnico determina como prioritario, ni con lo que exige el discurso político local. Una empresa con 20 años de operación puede conocer profundamente el territorio donde desarrolla su actividad y, aun así, no conocerlo mejor que quien vive ahí. Esa distinción —entre la necesidad medida y la necesidad sentida, entre lo que el gobierno regional está obligado a cumplir y lo que promete el político de turno— es el punto más exigente de cualquier estrategia de relacionamiento comunitario.
«La empresa debe comportarse como observadora constante de una realidad que cambia con cada ciclo electoral o social, no como espectadora de su propia inauguración»
La pregunta para el Directorio
La pregunta que propongo llevar a los próximos comités de sostenibilidad no es cuánto invertimos ni qué lugar ocupamos en el ranking del sector. Es esta: si el 4 de octubre cambian todos los alcaldes y el gobernador de nuestra zona de influencia, ¿qué parte de nuestra licencia social sigue en pie el 5 de octubre? Si la respuesta depende de nombres, lo que construimos fue reputación. Y la reputación no detiene un bloqueo.