Compañía Minera Antapaccay, filial del grupo Glencore, continúa la ejecución de su Programa de Desarrollo Económico (PDE) en la provincia de Espinar (Cusco), enfocado en el fortalecimiento de la producción agropecuaria local y la mitigación de riesgos en la cadena ganadera. La iniciativa beneficia a cerca de 1,400 unidades productivas familiares en la zona.

El año pasado, el programa alcanzó a 3,147 productores con asistencia técnica en sanidad animal, mejoramiento genético, producción de pastos y comercialización. Paralelamente, más de 3,200 personas reforzaron sus competencias productivas y de emprendimiento, registrando un 59% de participación femenina.

En materia alimentaria para el ganado, se impulsó la instalación de más de 2,400 hectáreas de avena forrajera y 450 hectáreas de pastos perennes, superando las 75,000 toneladas de forraje verde para afrontar épocas de escasez. En el ámbito sanitario y genético, la empresa reportó 28,999 atenciones sanitarias, tres campañas preventivas para cerca de 58,000 animales, más de 3,700 inseminaciones en vacunos, 1,600 en ovinos y 345 empadres controlados en alpacas.

“El éxito del programa radica en el trabajo sostenido que se realiza hace más de 10 años y que se proyecta a largo plazo en conjunto con la participación de cada productor; además, las sinergias con diversas organizaciones privadas y gubernamentales han permitido éxitos agropecuarios en beneficio de nuestras comunidades”, señaló Artemio Pérez, Gerente Senior de Gestión Social de Antapaccay.

Sin embargo, reportes de organizaciones de la sociedad civil como CooperAcción advierten sobre importantes desafíos socioambientales, regulatorios y de derechos humanos para el proyecto Coroccohuayco, que afectan la relación con las comunidades locales y los planes de expansión de la mina

• Consulta previa y reasentamiento. Comunidades indígenas k’ana como Pacopata y Huini Coroccohuayco señalan que los planes de expansión implican el desplazamiento de unas 300 familias (~1,200 personas) sin un proceso adecuado de Consulta Previa orientada al consentimiento libre, previo e informado. Representantes comunitarios han presentado demandas de amparo exigiendo que los acuerdos respeten los estándares internacionales de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Por su parte, otras comunidades río abajo, como la capital municipal de Pallpata, demandan ser incluidas en el proceso como zona de influencia directa.
• Procesos judiciales y sanciones ambientales. La empresa enfrenta litigios promovidos por la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar (PAMETEC) y la comunidad de Huisa. En el ámbito administrativo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la minera con una multa de S/ 5.5 millones de soles (aproximadamente US$ 1.6 millones) por deficiencias en la prevención y mitigación de la contaminación del aire por material particulado. Mientras los estudios del OEFA y evaluaciones independientes señalan una relación de causalidad entre las operaciones y la contaminación por metales pesados en agua, suelo y aire, la minera sostiene que las concentraciones corresponden a un fenómeno de “mineralización natural”.
• Gobernanza y transparencia. Analistas señalan la necesidad de transparentar los datos de monitoreo ambiental en tiempo real, garantizar compensaciones e indemnizaciones integrales para los afectados y fortalecer el diálogo transparente en la renegociación del Convenio Marco de la provincia.