Según la FAO, más de 670 millones de personas padecieron hambre crónica en 2024 a nivel mundial y enfrentaron inseguridad alimentaria aguda más de 295 millones, un aumento acelerado por sequías prolongadas, inundaciones, plagas y la pérdida de suelos fértiles. La agricultura dejó de ser víctima pasiva del cambio climático y se convirtió en vector de riesgo global.
La Declaración de Belém, firmada por 43 países y la Unión Europea, coloca por primera vez el hambre y la pobreza como prioridades de acción climática. Esto implica una redefinición del enfoque tradicional: la adaptación no solo busca proteger infraestructura, sino garantizar la continuidad de sistemas alimentarios que están en riesgo.
Así, los compromisos incluyen ampliar la protección social sensible al clima, invertir en infraestructura hídrica resiliente y generar apoyo financiero directo para pequeños productores.
La ciencia respalda la urgencia
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advierte que cada incremento de 0.5° C reduce significativamente el rendimiento de cultivos básicos como maíz, arroz y trigo.
En América Latina, estudios del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) muestran que hasta 14 millones de pequeños agricultores podrían ver afectada su productividad en la próxima década.
La crisis no es futura: ya está en marcha.
A reducir el metano
En la COP30, la agricultura también fue protagonista en el debate sobre el metano. El cultivo de arroz, responsable de cerca del 10% de las emisiones agrícolas globales, recibió atención particular. El Global Methane Hub destinó US$ 30 millones a proyectos de reducción de emisiones a través de prácticas mejoradas de riego y manejo de suelos. Este paso es relevante: la reducción de metano ofrece impactos climáticos de corto plazo, algo crítico en un contexto de urgencia.
La Fundación Gates anunció US$ 1,450 millones para innovación agrícola resiliente, enfocada en variedades tolerantes a las sequías, sistemas de alerta temprana y tecnologías de riego eficiente. Estas inversiones buscan evitar que la crisis climática se convierta en crisis humanitaria, especialmente en regiones rurales con baja capacidad de adaptación.
El Perú enfrenta un escenario similar. La sierra sur y el corredor amazónico muestran pérdidas crecientes por eventos extremos. La falta de infraestructura hídrica, la degradación de suelos y la ausencia de sistemas modernos de extensión agraria debilitan la resiliencia del país. Sin un programa nacional de agricultura climáticamente inteligente, el país seguirá reaccionando a los impactos en vez de anticiparlos.
Proteger la agricultura es proteger el futuro
La seguridad alimentaria es parte integral de la acción climática. Los países que no aseguren sistemas agroalimentarios resilientes enfrentarán inestabilidad económica, migración interna y crisis sociales más profundas. La estrategia debe ser prevenir ante cualquier eventualidad.