En la mayoría de discursos presidenciales, la gobernanza suele aparecer como un tema administrativo reservado para especialistas. En el primer mensaje del nuevo Gobierno ocurre exactamente lo contrario. La reforma del Estado constituye el eje que articula buena parte de las propuestas económicas y sociales, bajo una premisa sencilla: sin instituciones capaces de ejecutar políticas públicas, ningún programa social, ninguna inversión y ninguna reforma logrará producir resultados sostenibles.

El diagnóstico es severo. La presidenta describe un Estado debilitado por la corrupción, la improvisación, la fragmentación institucional y la captura de decisiones públicas por intereses particulares. Cita pérdidas multimillonarias asociadas a corrupción e ineficiencia, denuncia la falta de planificación y sostiene que el aparato público dejó de estar al servicio del ciudadano para convertirse, en muchos casos, en un obstáculo para el desarrollo.

«Sin instituciones capaces de ejecutar políticas públicas, ningún programa social, ninguna inversión y ninguna reforma logrará producir resultados sostenibles»

A partir de ese diagnóstico, el discurso plantea una agenda de modernización que combina reorganización administrativa, digitalización, meritocracia y rendición de cuentas. Cada ministerio, cada gobierno regional y cada funcionario deberán trabajar con metas medibles durante los 1,826 días de gestión anunciados por la presidenta. La intención de introducir indicadores verificables representa uno de los elementos más relevantes del mensaje, porque desplaza la evaluación desde las promesas hacia los resultados.

Otro componente central es la reforma de las compras públicas. El Gobierno reconoce que las adquisiciones del Estado concentran una proporción significativa del gasto nacional y propone simplificar procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y aprovechar el poder de compra estatal para mejorar la eficiencia del gasto. La medida tiene implicancias que trascienden la administración pública. En la práctica, las compras estatales constituyen una de las herramientas más poderosas para transformar mercados, incentivar innovación y elevar estándares empresariales.

Sin embargo, el discurso limita esa reforma a objetivos de eficiencia económica y reducción de costos. No plantea utilizar el poder de compra del Estado para promover integridad empresarial, sostenibilidad ambiental, derechos laborales, innovación tecnológica o cadenas de suministro responsables, criterios que hoy forman parte de las políticas de contratación pública en numerosas economías de la OCDE.

«Si bien las compras estatales sirven para transformar mercados, incentivar innovación y elevar estándares empresariales, el discurso presidencial no plantea utilizar el poder de compra del Estado para promover integridad empresarial, sostenibilidad ambiental, derechos laborales, innovación tecnológica o cadenas de suministro responsables»

La digitalización ocupa otro espacio relevante. La creación de una Autoridad Nacional Digital, una identidad digital para cada ciudadano y el uso de inteligencia artificial buscan simplificar trámites, reducir tiempos y disminuir espacios para la corrupción administrativa. En principio, la automatización de procesos puede fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, el discurso no desarrolla salvaguardas relacionadas con protección de datos personales, ciberseguridad, auditoría de algoritmos o mecanismos de supervisión del uso de inteligencia artificial dentro del Estado.

Lo que dijo Fujimori

La agenda de gobernanza presentada por el Gobierno se apoya sobre cinco compromisos principales:

• Reorganizar la administración pública para eliminar duplicidades y recuperar eficiencia;
• Garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas;
• Reformar el sistema de compras públicas y mejorar los mecanismos de control;
• Impulsar la meritocracia mediante una reforma del servicio civil;
• Reafirmar el respeto por la independencia de poderes, la libertad de expresión y el Estado de derecho.

En conjunto, estas medidas buscan fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas y recuperar la confianza ciudadana e inversionista.

Lo que el discurso no desarrolló

A pesar de su amplitud, la propuesta institucional deja vacíos importantes desde la perspectiva contemporánea de la gobernanza.

La lucha contra la corrupción aparece asociada principalmente a eficiencia administrativa, digitalización y controles internos. No se anuncian medidas específicas para fortalecer los sistemas de integridad pública, gestionar conflictos de interés, proteger denunciantes, transparentar la propiedad real de las empresas contratistas o prevenir la captura regulatoria.

Tampoco existe una estrategia explícita sobre cumplimiento corporativo, prevención del soborno o fortalecimiento de programas de compliance en las relaciones entre el Estado y el sector privado. En un contexto donde los inversionistas internacionales evalúan cada vez más la calidad institucional como un componente del riesgo país, estas herramientas constituyen hoy parte esencial de cualquier política moderna de gobernanza.

Otro aspecto que merece atención es la anunciada desregulación. El discurso propone eliminar normas innecesarias para facilitar la inversión, reducir burocracia y mejorar la competitividad. El objetivo resulta consistente con la necesidad de simplificar procedimientos administrativos; sin embargo, el mensaje no establece criterios para distinguir entre regulaciones que generan costos injustificados y aquellas que protegen derechos, garantizan transparencia o resguardan estándares ambientales y sociales.

«El discurso propone eliminar normas innecesarias para facilitar la inversión, reducir burocracia y mejorar la competitividad»

La diferencia es determinante. Una reforma regulatoria fortalece la gobernanza cuando elimina ineficiencias sin debilitar los mecanismos de control. En cambio, una desregulación indiscriminada puede reducir la capacidad del Estado para supervisar inversiones, prevenir conflictos o asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales, laborales y de integridad.

Finalmente, el discurso incorpora un concepto poco habitual en la política peruana: la sostenibilidad fiscal como condición para sostener las políticas públicas. El compromiso de ordenar las cuentas del Estado y mejorar la eficiencia del gasto reconoce que la estabilidad macroeconómica constituye un componente de la gobernanza. Sin embargo, el mensaje no explica cómo se financiarán simultáneamente las nuevas políticas sociales, el incremento de la remuneración mínima, la expansión de infraestructura y la modernización del aparato estatal. La sostenibilidad fiscal dependerá, en última instancia, de la capacidad del Gobierno para convertir sus prioridades en una programación presupuestaria consistente y verificable.

El veredicto Sustenia

La dimensión de gobernanza constituye el componente más estructural del primer mensaje presidencial. El Gobierno identifica correctamente que la recuperación de la confianza depende de reconstruir la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y rendir cuentas. La incorporación de metas medibles, meritocracia, digitalización y reforma administrativa apunta en esa dirección.

Sin embargo, una gobernanza moderna exige algo más que eficiencia institucional. Requiere fortalecer los sistemas de integridad pública, prevenir el soborno y los conflictos de interés, transparentar la relación entre el Estado y el sector privado y asegurar que la simplificación regulatoria no reduzca los estándares de protección ambiental y social.

«Una gobernanza moderna exige algo más que eficiencia institucional»

Si la dimensión ambiental responde a cómo un país protege su capital natural y la dimensión social a cómo desarrolla su capital humano, la gobernanza determina la capacidad real de convertir ambas aspiraciones en políticas públicas sostenibles. En ese sentido, la calidad institucional será el principal factor que permitirá evaluar el éxito o el fracaso del nuevo Gobierno durante los próximos cinco años.