Cualquier aproximación técnica a la inseguridad ciudadana y vial en el Perú tropieza históricamente con la fragmentación de los registros policiales y municipales. Para superar esa brecha, un análisis de AméricaSistemas revela que usar las estadísticas del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) es la vía fundamental, al permitir una clasificación rigurosa y estandarizada por causa de fallecimiento y deslindar con precisión científica las muertes asociadas al crimen (homicidios, sicariato, asaltos con subsecuente muerte) frente a las derivadas de siniestros de tránsito (atropellos, choques, volcaduras).

“Más que discutir únicamente las cifras, deberíamos fortalecer los sistemas de información para conocer la verdadera magnitud del problema y diseñar mejores políticas públicas”, señala Mariana Alegre, directora ejecutiva de Sistema Urbano.

No obstante, la interpretación de estas estadísticas exige una precisión metodológica ineludible: los registros oficiales de fallecidos por delincuencia y accidentes de tránsito reflejan estrictamente a las víctimas fatales en el acto o durante la emergencia inmediata. Esto significa que las bases estadísticas no incluyen al universo de heridos graves que, tras agonizar en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) durante semanas o meses, terminan falleciendo posteriormente por complicaciones médicas, secuelas neurológicas o fallas orgánicas sistémicas asociadas al evento primario.

«Los registros oficiales contabilizan únicamente a las víctimas que fallecen en el acto o durante la emergencia inmediata. Excluyen al universo de heridos graves que fallecen semanas después en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones médicas o fallas orgánicas»

“Seguimos enfrentando un subregistro importante. En muchos países, una muerte por siniestro vial se contabiliza si ocurre hasta 30 días después del evento, no solo en el lugar del siniestro o durante las primeras horas. Cuando los sistemas de salud, policía y registro civil no están plenamente integrados, muchas víctimas fallecen posteriormente y no ingresan a las estadísticas de seguridad vial”, añade Alegre.

Desmitificando el centralismo demográfico

Estandarizando la siniestralidad mediante la ratio de fallecidos por cada 100,000 habitantes (con base en la data consolidada del periodo 2022-2026), resulta que las emergencias críticas no están focalizadas en Lima y Callao, donde está se centra la atención mediática y la agenda política.

• Madre de Dios es la región quelidera la tasa de siniestralidad global con un coeficiente de 71 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Al desagregar esta cifra, se descubre una realidad contundente: mientras la ratio por delincuencia se eleva a 24.74, la ratio por accidentes de tránsito alcanza un devastador 36.69. Esta combinación explosiva refleja una precariedad institucional y vial extrema en una región de baja densidad demográfica (195,670 habitantes), donde la minería informal, el desorden logístico y la delincuencia organizada colisionan letalmente.

• Puno muestra una distorsión radical frente al imaginario popular limeño: registra una ratio de delincuencia relativamente bajo (28) pero experimenta una catástrofe vial con una ratio de accidentes de tránsito de 19.92, elevando su ratio global a 12.10. Una dinámica similar se observa en Apurímac (ratio de accidentes de 11.11) y Huancavelica (ratio de accidentes de 11.36). Aquí, la configuración geográfica y la precariedad de la red vial interregional gestionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) matan a más ciudadanos que el crimen organizado.

• Tumbes expone una vulnerabilidad delincuencial desproporcionada, registrando el ratio de delincuencia más alto del país con 61, lo que empuja su ratio global a 14.90. Callao, por su parte, mantiene una presión sostenida por criminalidad urbana con una ratio de 11.60, confirmando que los puertos exigen respuestas tácticas especializadas.

«Al estandarizar los datos mediante la ratio de fallecidos por cada 100,000 habitantes se demuestra que las mayores emergencias críticas no se concentran en Lima y Callao»

La distorsión mediática y la siniestralidad vial

Mientras los medios de comunicación y la agenda política difunden en exceso los casos de fallecidos por temas delincuenciales casi exclusivamente en Lima Metropolitana, la siniestralidad vial representa, en conjunto, una amenaza de mayor letalidad a nivel nacional.

La investigación de AméricaSistemas argumenta que a todo ello se suma una injusta asimetría geográfica: “Se centra la atención de recursos y despliegues policiales en Lima y Callao, cuando la gravedad real por tasa de habitantes es proporcionalmente más aguda y devastadora en diversas regiones del interior del país”.

«En Apurímac y Huancavelica, la configuración geográfica y la precariedad de la infraestructura vial gestionada por el MTC cobran más vidas que la delincuencia»

Este análisis evidencia la necesidad de revisar el destino de los recursos públicos a fin de que no sigan administrándose bajo la presión de la coyuntura televisiva ni concentrándose en la burocracia. Una correcta asignación presupuestal debe basarse en la evidencia epidemiológica del SINADEF y las ratios de riesgo poblacional, garantizando que cada sol de los recursos públicos sea invertido en prevención inteligente, infraestructura vial segura y control territorial efectivo en cada región del Perú.