El despliegue de las energías renovables no convencionales en el Perú ha tropezado con un problema de origen: la ausencia de un plan de ordenamiento territorial energético unificado. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) otorga concesiones temporales y delimita polígonos de generación eólica sin contar con una zonificación de compatibilidad previa con el Ministerio de Defensa (MINDEF) ni con las entidades de control de tráfico aéreo.
Esta desconexión institucional genera un grave fallo de gobernanza: las empresas del sector invierten años y millones de dólares en estudios técnicos, geofísicos y de ingeniería sobre áreas que, en etapas avanzadas de tramitación, son declaradas incompatibles con la seguridad nacional.
El caso más crítico de esta parálisis regulatoria se vive hoy en el departamento de Lambayeque, donde el extraordinario potencial del desierto del norte colisiona de frente con los sistemas de radar y los conos de vuelo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Un modelo de permisología a ciegas
En el marco legal peruano, la solicitud de una concesión eléctrica no exige un dictamen de no objeción previo por parte del sector Defensa. Los desarrolladores eólicos avanzan en el diseño de sus proyectos bajo el incentivo de los vientos de la costa norte, seleccionando aerogeneradores de última generación cuyas estructuras y palas superan con frecuencia los 150 a 200 metros de altura.
«Al no existir una directiva marco que fije distancias mínimas de amortiguamiento o mecanismos estandarizados para que las privadas financien la actualización tecnológica de la FAP, la autoridad ambiental termina optando por la vía del rechazo o el congelamiento del trámite»
Sin embargo, cuando el expediente llega a la fase de evaluación ambiental ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Electricidad (DGAAE) del MINEM o ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), se activa la revisión de las fuerzas armadas. Es en ese punto donde la FAP advierte el impacto del ‘clutter’ eólico: las gigantescas palas metálicas y de fibra en rotación generan falsos ecos en las pantallas de radar, distorsionan las ondas electromagnéticas y crean zonas ciegas (sombras) en los sistemas de alerta temprana.
Lambayeque: proyectos bloqueados y reestructurados
El corredor eólico de Lambayeque (comprendido entre Olmos y Mórrope) es la evidencia más palmaria de las consecuencias de este vacío normativo.
«Lo que debió ser un polo de desarrollo eólico de clase mundial cuenta hoy con un balance de proyectos frenados, desaprobados o sometidos a drásticas reingenierías»
- El rechazo a Vientos de Murrup. El caso más contundente de esta colisión de competencias quedó formalizado mediante la Resolución Directoral N.° 0156-2025-MINEM/DGAAE, emitida por la DGAAE del MINEM el 26 de junio de 2025.
A través de esta norma, el MINEM desaprobó de manera definitiva el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) del proyecto “Parque Eólico Vientos de Murrup”, promovido por la empresa Cordillera Solar II en los distritos de Olmos y Mórrope. El factor determinante para el rechazo técnico a este proyecto de 202.5MW con una inversión de US$ 320 millones fueron las observaciones insubsanables presentadas por el MINDEF y el Comando General de la FAP, las cuales demostraron que la ubicación de las 45 turbinas previstas comprometía el control y la vigilancia del espacio aéreo estratégico en la frontera norte del país.
- Obligado micro-siting restrictivo. Por su parte, la Central Eólica Mórrope (Orygen Perú) logró avanzar en el plano concesional. El 19 de noviembre de 2025, mediante la Resolución Ministerial N.° 387-2025-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de Orygen la concesión definitiva para la generación de energía eléctrica en el proyecto Mórrope (224 MW), que representa una inversión de US$315 millones.
No obstante, el otorgamiento del título no resolvió la fricción operativa. Para viabilizar la futura construcción de la central, la empresa se ha visto obligada a encarar un proceso de reingeniería de detalle y micro-siting (reubicación precisa de cada aerogenerador) para alejarse de los radios de barrido del Grupo Aéreo N.°6 de la FAP con sede en Chiclayo, reduciendo el margen de optimización del recurso eólico originalmente proyectado.
- Flug bajo la lupa de la evaluación detallada. Un escenario similar enfrenta el proyecto Parque Eólico Flug, desarrollado por Statkraft Perú y que representa una inversión de US$ 487 millones. El 1 de julio de 2026, el Senace emitió la Resolución Directoral N.° 00102-2026-SENACE-PE/DEAR, mediante la cual ratificó la clasificación del proyecto en la Categoría III, exigiendo la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).
El informe técnico N.° 00099-2026-SENACE-PE/DEAR, fundamento de dicha resolución, precisa que Statkraft debe incorporar análisis rigurosos de interferencia electromagnética y gestionar la conformidad explícita de las autoridades de Defensa antes de pretender cualquier luz verde ambiental.
La urgencia de un marco regulatorio de cohabitación
La experiencia de Lambayeque demuestra que la transición energética peruana no se detiene únicamente por cuellos de botella en la permisología tradicional, sino por la falta de coordinación estratégica entre la política de desarrollo de infraestructura y la política de seguridad nacional.
Mientras el Estado peruano no apruebe un plan de ordenamiento territorial energético que establezca una zonificación transparente y previa de las áreas de exclusión eólica, el desarrollo de proyectos en la costa continuará sumido en un escenario de alta incertidumbre jurídica y financiera.
El mapa del ‘clutter’ eólico: una fricción que se extiende por la costa peruana
La encrucijada entre el despliegue de turbinas de gran escala y la interferencia en radares de vigilancia no se limita al desierto de Lambayeque. A lo largo del litoral peruano, donde convergen el potencial eólico y las zonas de seguridad estratégica, la falta de una normativa de cohabitación entre el desarrollo energético y las Fuerzas Armadas genera cuellos de botella similares.
- Piura: servidumbre militar y frontera norte. En las zonas costeras de Talara y Paita, el desarrollo eólico enfrenta restricciones parecidas a las de Lambayeque. La FAP mantiene bases tácticas y sistemas de alerta temprana orientados al control del tráfico aéreo transfronterizo. Proyectos en evaluación en este corredor deben someterse a estrictos análisis de cono de sombra para evitar que las palas creen puntos ciegos en la cobertura radárica.
- La Libertad: radares de aviación comercial. En el litoral liberteño (Pacasmayo y Paiján), las turbinas que superan los 150 metros de altura no solo interactúan con la vigilancia militar, sino con los radares secundarios de navegación aérea operados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). El eco generado por las palas en movimiento impacta las rutas de aproximación al Aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo, exigiendo autorizaciones ambientales y aeronavales conjuntas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- Ica: interferencias con redes de monitoreo. Incluso en Ica, el departamento con mayor capacidad eólica instalada del país (con centrales como Wayra o Punta Lomitas), han surgido descalces con sistemas de medición del Estado, como los radares meteorológicos Doppler del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) e instrumentos de monitoreo geofísico, que requieren zonas de amortiguamiento para evitar la distorsión de datos.
El problema estructural en todo el país responde a la ausencia de un plan de ordenamiento territorial energético. Mientras el MINEM otorga concesiones temporales sobre polígonos sin consulta previa con el Ministerio de Defensa o CORPAC, los desarrolladores asumen el riesgo de invertir en estudios ambientales preliminares que posteriormente son rechazados por razones de seguridad nacional.