Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenó al Estado peruano reembolsar cerca de US$ 200 millones a SMM Cerro Verde Netherlands B.V., filial de la corporación japonesa Sumitomo Metal Mining y accionista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (posee el 21% del capital de la empresa).
La decisión arbitral sí valida la determinación del tributo principal realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pero cuestiona la aplicación e imputación de las multas e intereses moratorios acumulados durante una controversia fiscal iniciada por las acotaciones de los periodos 2005 y 2007.
El monto para devolver incluye aproximadamente US$ 160 millones correspondientes al capital abonado bajo protesta por la empresa y cerca de US$ 40 millones por concepto de intereses acumulados. El origen del conflicto se vincula con la interpretación del convenio de estabilidad jurídica y tributaria suscrito por Cerro Verde en 1998 respecto a las obligaciones aplicables al concentrador que demandó una inversión cercana a US$ 850 millones.
En el marco de la gestión de riesgos de materialidad para inversionistas bajo criterios ESG, la predictibilidad fiscal y el debido procedimiento administrativo configuran elementos centrales del pilar de gobernanza. El proceso refleja los impactos financieros derivados de prolongar litigios tributarios en sede internacional al amparo de Tratados Bilaterales de Inversión.