El pasado 22 de diciembre, S&P Global Ratings rebajó la apreciación crediticia de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) a ‘B-’ desde ‘B’, y colocó la nota en CreditWatch con implicancias negativas. De esta manera, la calificadora refleja el deterioro del perfil financiero de la empresa y las mayores dudas sobre el respaldo gubernamental.

En su informe, S&P señala: “Han aumentado las incertidumbres sobre la capacidad del Gobierno para implementar medidas correctivas sostenibles que respalden a Petroperú, y ahora consideramos menor la probabilidad de apoyo del Estado”. Este cambio de percepción es central en la decisión de la rebaja.

«S&P considera que aumentó la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno peruano para implementar medidas correctivas sostenibles en Petroperú»

El reciente reporte también subraya la debilidad operativa de la empresa: “El desempeño financiero de Petroperú continúa siendo débil, con un EBITDA limitado para cubrir sus obligaciones financieras”. Esto, sin duda, restringe la capacidad de la empresa para atender vencimientos sin apoyo externo.

Todo ello ocurre además en un contexto de nuevos cambios en la dirección de la empresa, con nueva Presidente del Directorio y nuevo Gerente General. Desde julio del 2021, han pasado once presidentes del Directorio; cada uno ha durado, en promedio, alrededor de cinco meses. Es más, en los últimos tres meses del año, la Presidencia de Petroperú cambió de titular cuatro veces.

Asimismo, volvieron a ponerse en agenda las opciones de escisiones de activos de la empresa para su venta y/o concesión. Carlos Paredes, expresidente del Directorio, plantea que Petroperú debe reestructurarse y que este proceso debe ser liderado por ProInversión y no por la propia empresa. Su propuesta principal, similar a la que esbozó el también expresidente del Directorio, Augusto Baertl (2016), es la escisión de los activos para su venta y/o concesión, separando unidades de negocio como las refinerías, oleoducto y plantas de almacenamiento. Paredes insiste en la necesidad de reducir personal excedente y vender activos no estratégicos, como el edificio principal de la empresa, un asunto que pone los pelos de punta a los sindicatos de la empresa… el gato de despensero.

«Vuelven a ponerse en agenda las opciones de escisiones de activos de la empresa petrolera estatal para su venta y/o concesión»

Incluso, en las últimas semanas han surgido rumores sobre el probable inicio de un proceso concursal ante el Indecopi en contra de la petrolera por parte de UNNA Energía, del grupo Aenza (ex Graña y Montero).

S&P advierte que el CreditWatch negativo refleja la posibilidad de una nueva rebaja en los próximos meses si el proceso de reestructuración deriva en una recompra de deuda u otra operación considerada “angustiada” y, por tanto, equivalente a un incumplimiento, o si no se materializa apoyo adicional del Gobierno para aliviar los vencimientos de corto plazo en los próximos 90 días.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que “seguir inyectando recursos públicos para el pago de deudas no es una solución integral ni sostenible. Lo que queremos es iniciar un proceso serio de reestructuración que permita salvar la empresa y proteger los activos de todos los peruanos”. Cabe mencionar que las declaraciones de la ministra tienen que ver con la evaluación de un Decreto de Urgencia (D.U.), por parte del Consejo de Ministros que -en las próximas horas- autorizaría al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias de reestructuración en Petroperú.

«El MEF quiere iniciar un proceso de reestructuración que permita salvar la gobernanza de Petroperú y proteger sus activos»

El mensaje al mercado de S&P es directo: la ventana para estabilizar la situación financiera en los próximos 90 días y que el apoyo estatal sea transparente es estrecha. De no hacerlo, el riesgo de un nuevo recorte aumenta de forma significativa.