Un buque cargado de petróleo llega a la costa peruana, pero no puede descargar. Cada día de espera cuesta decenas de miles de dólares. En el monumental edificio de 22 pisos y tres sótanos, que pertenece a la petrolera estatal y está ubicado en el distrito de San Isidro, Lima, nadie es responsable.
La escena se ha repetido tantas veces que entre 2022 y agosto de 2026 Petroperú acumuló US$ 186.9 millones en pagos por sobrestadías de buques de importación, según la Contraloría General de la República. Solo entre enero y agosto de 2026 la cifra alcanzó US$ 39.3 millones, 41% más que los US$ 27.8 millones registrados durante todo 2025. En 2024 habían sido US$ 23.6 millones.
¿Por qué Petroperú sigue pagando por buques que esperan?
Los documentos de control revisados por Sustenia muestran que no existe una única causa. Aparecen restricciones financieras, incumplimientos de condiciones de prepago, cartas de crédito tardías, deficiencias en controles contractuales, descargas fraccionadas y observaciones sobre la aprobación de operaciones internacionales. Algunas fueron detectadas años antes de que el problema alcanzara su dimensión actual.
«Solo entre enero y agosto de 2026, Petroperú acumuló US$ 39.3 millones en pagos por sobrestadías de buques de importación»
US$ 396 mil por una carta que llegó tarde
Un caso permite observar cómo funciona el problema.
En 2024 Petroperú compró a PetroChina International (America), Inc. 361,798.79 barriles de crudo Oriente ecuatoriano para la Refinería Talara. El Tender 003-2024 ascendió a US$ 32.5 millones.
La operación exigía una carta de crédito irrevocable y confirmada que debía llegar al banco del vendedor como máximo cinco días hábiles antes de comenzar la ventana de entrega.
Contraloría concluyó en el Informe de Auditoría N.° 011-2026-2-0084-AC que Administración de Contratos no inició oportunamente el trámite y tampoco calculó correctamente el importe. La carta se gestionó inicialmente por US$ 29 millones ±5% y tuvo que elevarse posteriormente a US$31 millones ±5%. El área de Mercados Financieros también demoró la cotización y no gestionó inmediatamente una nueva cuando cambió el monto.
El crudo debía descargarse entre el 11 y el 13 de marzo de 2024. Finalmente se descargó el 16 de marzo en Bayóvar y el 26 en Talara. Petroperú pagó US$ 396,135 por sobrestadía, monto que Contraloría determinó como un perjuicio económico.
La auditoría atribuyó presunta responsabilidad civil y administrativa a seis funcionarios y servidores: José Mendoza Valladares, supervisor de Administración de Contratos y Transporte Internacional; Bryan Helguero Muro, jefe de Administración de Contratos; Aldo Collantes Tirado y Juliet Mogollón Gómez, analistas de Mercados Financieros; María Cataño Aybar, jefa de la Unidad de Mercados Financieros; y Carlos Arcos Chirito, entonces gerente encargado del Departamento de Tesorería. Se trata de responsabilidades presuntas determinadas en auditoría, no de condenas judiciales.
«Contraloría, en una auditoría realizada a un caso de 2024, halló responsabilidades presuntas en seis funcionarios de Petroperú por el perjuicio económico»
Un proceso que ya había sido observado
Hay un detalle relevante: antes de la sobrestadía, el Tender 003-2024 ya estaba bajo observación.
El 27 de febrero de 2024, el OCI emitió el Informe 003-2024. Petroperú había otorgado el award a PetroChina sin contar previamente con la Hoja de Acción suscrita por todos los integrantes del Comité de Importaciones y Exportaciones (COMIMEX), documento que acreditaba la evaluación de las ofertas.
Contraloría advirtió que ello generaba el riesgo de que no estuviera sustentada técnica y económicamente la conveniencia de la operación y afectaba su transparencia.
La observación era diferente de la posterior falla en la carta de crédito y no demuestra una relación causal entre ambas. Pero evidencia que el mismo proceso ya presentaba una debilidad de control antes de que se produjera el perjuicio económico.
Y no era el único.
Un segundo informe, el 004-2024, encontró prácticamente la misma situación en una compra de 300 MB de biodiésel B100, también adjudicada a PetroChina: se otorgó la buena pro sin contar previamente con la Hoja de Acción suscrita por los integrantes del comité.
Meses después, Contraloría volvió sobre esa compra. En julio de 2024 detectó que para el segundo cargamento de biodiésel transportado por el Ardmore Chinook no se había contado con la carta de crédito confirmada y avisada antes de la ventana de entrega. El OCI advirtió entonces el riesgo de desabastecimiento y de pagos por demora a cargo de Petroperú.
Alertas anteriores
El Informe de Auditoría 003-2023 había recomendado introducir alertas en el sistema DATAMEX para detectar embarques que permanecieran abiertos por asuntos contractuales, con el objetivo de garantizar “la trazabilidad, auditabilidad y el accionar oportuno”. También pidió optimizar el procedimiento PROA1-290 de atención y análisis de demoras para determinar objetivamente los importes de sobrestadía. Ambas recomendaciones figuraban pendientes en el reporte del primer semestre de 2023.
«Las advertencias de la Contraloría sobre los problemas por sobrestadías venían incluso de antes de 2024»
Para el primer semestre de 2024, Petroperú había avanzado en varias recomendaciones del mismo informe, pero otras vinculadas a infraestructura, demoras y gestión contractual continuaban en proceso.
La recurrencia empieza así a dibujar un problema mayor que una carta de crédito tramitada tarde.
2026: seis buques y US$ 21 millones
El Informe de Orientación de Oficio 014-2026-OCI/0084-SOO examinó seis buques que acumulaban prolongadas esperas para descargar hidrocarburos y biocombustibles. El costo estimado superaba US$ 20.7 millones.
El Nordic C, con crudo Oriente, acumulaba unos 79 días y US$ 7.5 millones; K Lucky, 66 días y US$ 5 millones; Victory, 48 días y US$ 3.7 millones; Prabhu Mihikaa, 58 días y US$ 2.5 millones; Hafnia Africa, 30 días y US$ 1.7 millones; y Henrique Dias, seis días y US$ 462,448.
«En agosto de 2026, Contraloría volvió a intervenir y calculó un perjuicio de US$ 21 millones por seis buques que tenían larga espera»
Esta vez la explicación fue principalmente financiera.
Según los descargos de la Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro, recogidos por la Contraloría, Petroperú enfrentaba dificultades para cumplir condiciones de prepago debido a su limitada liquidez. Historia vieja y harto conocida.
Los desembolsos quedaban condicionados a la disponibilidad diaria de recursos, generando descargas parciales, interrupciones y agotamiento del laytime contractual.
La Contraloría fue explícita: las demoras no responderían solamente a factores climáticos u operativos, sino “principalmente por las restricciones financieras” de Petroperú, una situación que calificó como recurrente desde hace varios años.
Petroperú reconoce parte del problema. El 29 de julio informó que la Refinería Talara había detenido temporalmente operaciones por dos factores concurrentes: restricciones de crudo “derivada de las condiciones actuales de liquidez de la empresa” y el cierre de instalaciones portuarias por oleaje anómalo.
La empresa también ha señalado que los cierres recurrentes de puertos pueden alterar la programación logística y generar sobrecostos. Su gerente de Distribución, Ernesto Gamarra, expuso este año que las restricciones portuarias afectaban especialmente Talara y que Petroperú venía reforzando el monitoreo marítimo y la reprogramación de embarcaciones.
«Las dos explicaciones no son excluyentes: existen restricciones portuarias reales, pero la Contraloría concluye que en los seis casos examinados en 2026 el componente financiero fue el factor principal»
Del problema operativo al gobierno corporativo
El 21 de agosto, la Contraloría pidió al presidente del Directorio, Oliver Stark Preuss, informar en cinco días hábiles las medidas preventivas y correctivas adoptadas frente a las sobrestadías. Stark había asumido la presidencia apenas el 7 de agosto; Carlos Linares Peñaloza, presidente durante parte de los hechos anteriores, permanece como vicepresidente. La Gerencia General está actualmente a cargo de Luis Alberto Suárez Carlo.
El nuevo Directorio ha anunciado una gestión orientada a resultados y al fortalecimiento del gobierno corporativo. Y desde septiembre dispone además de una herramienta que puede atacar una de las causas centrales señaladas por Contraloría: Petroperú obtuvo un primer desembolso puente de US$ 475 millones, dentro de una operación de hasta US$ 2,000 millones, cuyos recursos servirán, entre otros destinos, para adquisición de crudo y obligaciones necesarias para mantener las operaciones.
Stark sostiene que ese desembolso es “un paso concreto en el proceso de reestructuración” para fortalecer financieramente a Petroperú y recuperar su sostenibilidad.
Ese dinero puede aliviar la falta de liquidez. Sin embargo, no resuelve por sí mismo las otras debilidades que aparecen a lo largo de los informes: controles previos, cartas de crédito, coordinación entre áreas, seguimiento contractual, gestión de demoras y capacidad de cerrar observaciones. ¿Quién es responsable?
«La sucesión de advertencias muestra que las sobrestadías dejaron hace tiempo de ser únicamente un problema marítimo»
Ahí está la dimensión de gobernanza del caso.
Los US$ 187 millones acumulados entre 2022 y agosto de 2026 no representan un único perjuicio atribuido por la Contraloría a un grupo determinado de funcionarios. Son pagos acumulados por sobrestadías producidas bajo circunstancias diversas. El caso de los US$ 396,135 es diferente porque una auditoría sí determinó un perjuicio concreto e individualizó seis presuntas responsabilidades.
Con nueva liquidez, nuevo Directorio y una reorganización en marcha, la pregunta para Petroperú es ahora medible: ¿conseguirá que los buques dejen de esperar y que los millones dejen de correr?