La gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se ha convertido en un laboratorio de riesgos de compliance. Siendo altamente probable la próxima renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía para postular a la Presidencia en marzo del 2026, su gestión municipal deja un rastro de cuestionamientos administrativos, financieros y legales que vulneran los estándares básicos de ética, transparencia y buen gobierno.

La prioridad nunca fue Lima, sino la campaña

El telón de fondo es claro: cada movimiento municipal parece subordinado a la carrera presidencial.

Deuda y caja negra. El endeudamiento es el punto más crítico. A finales del 2023, la MML emitió bonos por S/ 1,205 millones a una tasa de 10.1% y colocó gran parte de esos recursos en bancos privados al 6%, incumpliendo el DL 1441. Por otro lado, en junio del 2025 el Consejo Fiscal advirtió que la MML ha concertado niveles de endeudamiento excesivos por S/ 4,754 millones, hipotecando el presupuesto de las próximas cuatro gestiones municipales; en paralelo, Moody’s degradó su calificación a nivel especulativo.

Obras sin sustento y funcionarios apartados. La Vía Expresa Sur, llamada obra emblemática, abrirá con semáforos en lugar de viaductos. Al respecto, el MTC sancionó a la MML por carecer de certificación ambiental para tales obras y tres funcionarios de EMAPE fueron removidos tras advertir irregularidades (sobrecostos, falta de estudios y un contrato de emergencia). La respuesta oficial: existía un “expediente técnico parcial” y se aplicaron “mecanismos de emergencia”. Es más, a inicios de julio del 2025, Luz del Sur denunció que la MML derribó postes eléctricos, sin coordinación previa, afectando a los vecinos de Surco.

Clientelismo como política pública. La integridad también se erosiona. El portal de investigación OjoPúblico documentó que 205 militantes de Renovación Popular fueron contratados por más de S/ 7.2 millones. Pese a que López Aliaga aseguró en abril del 2023 que “no estaba metiendo a nadie de Renovación [Popular]” y calificar como “festín” la contratación de trabajadores por parte de sus antecesores, la MML se ha convertido en una plataforma partidaria, desplazando la meritocracia.

Laudos ignorados y seguridad jurídica en entredicho. El 24 de junio del 2025, la Corte de Apelaciones de EE.UU. confirmó los laudos que obligan a la MML a pagar más de US$ 200 millones a Rutas de Lima. Y en abril del 2024, se hizo público que la MML perdió un arbitraje más frente a la concesionaria Lima Expresa, negándose a pagarle a ésta una compensación de US$ 46 millones; la validez y eficacia legal del correspondiente laudo extranjero fue reconocida recientemente por el Poder Judicial.

Pese a ambas sentencias, la MML insiste en desconocer los contratos de concesión y los laudos arbitrales, mientras que los accionistas extranjeros de ambas concesionarias viales ya iniciaron arbitrajes contra el Estado peruano por la afectación a sus inversiones.

Trenes que chocan con el MTC. Este año López Aliaga anunció la donación de vagones de trenes y locomotoras, provenientes de la estadounidense Caltrain, para desarrollar la ruta Lima-Chosica, pese a que la MML no tiene competencias en transporte urbano masivo. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, la administración de este servicio solo es competencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad adscrita al MTC. Por su parte, un informe de la consultora Rail Electrical Service LLC reveló que las locomotores y vagones no estaban operativos para entrar en funcionamiento de inmediato; de hecho, uno de los trenes se descarriló en su traslado desde el Callao. La controversia generada entre la MML y el MTC revela descoordinación institucional, ausencia de marco legal y uso político de un anuncio —calificado como “inviable”—, con intervención de la Contraloría.

Desalojos y normas a la medida. El proceso de liberación de predios implementado por la MML para realizar sus proyectos viales en Surco, San Juan de Miraflores y San Martín de Porres ha generado protestas, medidas cautelares y hasta una denuncia de la Fiscalía contra 39 regidores. “[La Municipalidad de Lima] Debe coordinar con las municipalidades distritales, Policía Nacional y Ministerio Público las acciones de recuperación de espacios públicos”, señaló Estela Lozano, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Al mismo tiempo, la Ordenanza 2604, de febrero del 2024, intentó que la autonomía municipal prevaleciera sobre un decreto de urgencia que limitaba su endeudamiento. El Consejo Fiscal calificó esto como un riesgo de sobreendeudamiento por S/ 4,000 millones, sin control del Ministerio de Economía y Finanzas.

¡Eso es todo, amigos!

La foto de la gestión municipal actual es la de un sistema de compliance colapsado, con promesas incumplidas y medidas improvisadas. Ello solo confirma que Lima sigue siendo una ciudad débil en sostenibilidad y que “Lima como potencia Mundial” solo quedará como una frase para el olvido.