En las últimas dos décadas, la desnutrición crónica infantil se redujo de cerca del 30% a 11.5% en el 2023, aunque subió ligeramente a 12.2% en el 2024, de acuerdo con el INEI. La pobreza monetaria afecta al 27.6% de la población y la pobreza extrema al 5.7%. Según la FAO (2025), más de 17.6 millones de personas en el país se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, sin acceso regular a una dieta adecuada.

En paralelo, el sobrepeso y la obesidad avanzan con mayor velocidad. UNICEF (2023) reporta que el 38.4% de escolares peruanos (6-13 años) tienen exceso de peso. EsSalud registró un aumento de casos en menores de 0 a 11 años: de 43,000 en el 2023 a casi 49,000 en el 2024. Y en adultos, el Ministerio de Salud (MINSA) advirtió en el 2025 que 7 de cada 10 peruanos presentan exceso de peso. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el 37.5% de mayores de 15 años tiene sobrepeso y el 25.6% obesidad.

Los costos actuales y proyectados

El informe Feeding Profit, de UNICEF (2025), estima que en el Perú los costos económicos asociados al sobrepeso y la obesidad podrían superar los US$ 210,000 millones hacia el 2035. Este cálculo incluye gastos médicos y pérdida de productividad vinculados a enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y males cardiovasculares.

El impacto ya es medible. Un estudio conjunto de la CEPAL, el Programa Mundial de Alimentos y el MINSA estimó que en el 2019 la “doble carga de la malnutrición” (desnutrición y exceso de peso) le costó al país US$ 10,500 millones, equivalentes al 4.6% del PBI.

Por otro lado, la evidencia médica indica que la obesidad en edades tempranas incrementa la probabilidad de enfermedades crónicas en la adultez, lo que multiplica la presión sobre el sistema de salud. “El sobrepeso y la obesidad pueden provocar inflamación de bajo grado que altera el metabolismo y aumenta el riesgo de cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares”, señaló el cardiólogo Gustavo Saravia, de la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis, en entrevista con Infobae.

No solo el costo sanitario de la obesidad y las pérdidas de productividad representan un riesgo para las finanzas públicas y la competitividad del país. La obesidad, además, genera impactos ambientales y sociales. Por un lado, la producción de alimentos ultraprocesados depende de monocultivos de maíz, soya y azúcar, con alta demanda de agua y emisiones de carbono. Los empaques plásticos y las cadenas logísticas amplifican la huella ambiental. Por otro, los alimentos frescos y nutritivos suelen ser más caros y menos accesibles que los ultraprocesados, lo que afecta principalmente a hogares de menores ingresos.

Regulación y desafíos

La Ley 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable está vigente desde el 2013 y establece el uso de octógonos en productos altos en azúcar, sodio y grasas. No obstante, especialistas advierten que su implementación enfrenta limitaciones.

En julio del 2025, durante el encuentro “Etiqueta clara, infancia sana”, la OPS y el MINSA coincidieron en la necesidad de actualizar los parámetros de etiquetado y fortalecer la fiscalización, así como regular productos sucedáneos de la leche materna. Cabe mencionar que en el marco del “Plan de aceleración para la prevención de la obesidad”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OPS viene facilitando espacios de diálogo y acompañando a expertos técnicos y actores clave de diversos sectores gubernamentales, cooperación internacional, y de la sociedad civil, en la búsqueda de consensos y acciones que coadyuven a fortalecer las políticas regulatorias que promueven una alimentación saludable en el Perú.

Un problema en expansión

El crecimiento de la obesidad en el Perú refleja cambios en los entornos alimentarios: mayor disponibilidad de productos ultraprocesados, publicidad dirigida a niños y adolescentes y un acceso limitado a frutas y verduras. A esto se suma la reducción de la actividad física, especialmente en zonas urbanas.

Los datos sugieren que la transición nutricional del país combina logros en la reducción del hambre con un incremento sostenido de la mala nutrición por exceso, lo que configura una nueva carga para la salud pública y la economía nacional.