Según Ipsos Perú, la delincuencia y falta de seguridad son los problemas que más agobian a los peruanos. Al respecto, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en agosto de este año, revela que esta percepción es mayor en Lima Metropolitana y en la costa norte, donde tres de cada cuatro peruanos están preocupados por la criminalidad. Es más, para el IPE, la creciente criminalidad está vinculada a la minería ilegal: Pataz (La Libertad), Atico (Arequipa) y Ananea (Puno) son los distritos con mayor tasa de homicidios por cada 10,000 habitantes, hasta 10 veces mayor que el promedio nacional. Estas regiones, además, concentran casi la mitad de los Reinfo vigentes.
Por otro lado, los peruanos no creen en las instituciones responsables de combatir la delincuencia. Por ejemplo, solo el 22% tiene suficiente o bastante confianza en la Policía Nacional. En Madre de Dios, este porcentaje se reduce a 7%. Adicionalmente, los peruanos tampoco creen en el sistema de justicia: pocos confían en el Poder Judicial (15%) y el Ministerio Público (17%). En Madre de Dios, estas cifras se reducen a menos de 10%.
José Luis Pérez Guadalupe, en entrevista publicada en enfoquederecho.com (marzo 2015), señaló que “se ha visto la realidad desde las víctimas, pero no desde los actores, los protagonistas (…) Los abogados lo único que ven es prevención del delito, porque no les interesa la prevención de la delincuencia. Simplemente que no se cometa el delito en tal cuadra. ¿Y quién comete el delito? Los delincuentes pues, pero no les interesa”. Ello explicaría por qué el político de turno va más a las consecuencias, aplicando una política exclusivamente represiva, que se centra en la cárcel.
En esa línea, un informe del BID, realizado por Fernando Cafferata y Carlos Scartascini (“Cómo combatir la delincuencia en América Latina: ¿Qué políticas públicas demandan los ciudadanos?”) coincide al señalar que el endurecimiento de las penas parece ser el arma preferida en el arsenal anticrimen, pero las personas están dispuestas a gastar dinero público no solo en castigos, sino también en políticas de lucha contra la pobreza y de detección. Los ciudadanos reconocen que destinar recursos a la policía es mejor que subvencionar la seguridad privada. Sin embargo, la mayoría se opone a subir los impuestos para financiar a la policía, una reticencia que podría provenir de la desconfianza en la capacidad de los gobiernos para gestionar estos recursos. Así, la desconfianza, la desinformación y la impaciencia se combinan para crear una política anticrimen defectuosa.
Para el exfuncionario no será posible alcanzar una solución si uno no ve el problema social de fondo y de dónde nacen los delincuentes, que son los que cometen los delitos. En ese sentido, no se soluciona el problema con más ‘guachimanes’, más policías o serenazgos porque los delincuentes se mueven, cambian de zona y siguen delinquiendo. Por su parte, el abogado Héctor Ching considera que debemos reforzar los mecanismos de control social informal —la familia, la escuela y el entorno religioso— para formar ciudadanos con valores, con el propósito de fortalecer a la sociedad y no afectarla, y convocando al Derecho Penal cuando solo sea necesario.
Por ello, Pérez Guadalupe sostiene que la prevención implica enfocarse en la delincuencia antes que en el delito y facilitar a los alcaldes y presidentes regionales la información exacta sobre dónde vive la mayoría de presos para trabajar en la solución social. El exfuncionario concluye que las autoridades locales deberían visitar a sus vecinos en la cárcel; recibir y acoger a los vecinos que saldrán de la cárcel y volverán a su barrio; y diseñar una política social de prevención focalizada en esas zonas identificadas, que incluya educación y empleo, por grupos etáreos, lo cual podría ser apoyado por la empresa privada.