Un país con instituciones agotadas
El Perú atraviesa una de sus etapas más prolongadas de inestabilidad política desde el retorno a la democracia. Desde 2016, el Perú ha tenido siete presidentes y más de una docena de gabinetes ministeriales, un récord que ilustra con crudeza la fragilidad de su sistema político. La alternancia no fue fruto de la democracia deliberativa, sino de crisis sucesivas, vacancias exprés y renuncias forzadas.
Cada cambio presidencial arrastró una recomposición del Consejo de Ministros: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, más recientemente, José Jerí, simbolizan una década de inestabilidad en la que el Ejecutivo no logró sostener equipos ni políticas coherentes. En menos de diez años, el país cambió de rumbo tantas veces como de premier, erosionando la confianza institucional y convirtiendo la gobernabilidad en un acto de supervivencia más que de planificación.
Según los resultados del Índice de Transformación Bertelsmann Stiftung (BTI) para 2024, el Perú se sitúa en el puesto 53 de 137 para la transformación política, el 25 para la transformación económica y el 72 para el índice de gobernanza. BTI emite una alerta y señala que los derechos e instituciones políticas se han visto debilitados, y la democracia se encuentra en vías de debilitarse.
Según Ipsos Perú, en setiembre pasado la desaprobación de la población peruana para la gestión pública era absolutamente mayoritaria: 96% para la ex Presidenta Dina Boluarte, 81% para el ex Premier Arana y 89% para el Congreso de la República. La consecuencia es una política sin legitimidad, donde los acuerdos se diluyen al ritmo de las crisis.
La gobernanza en crisis: instituciones sin engranaje
La descentralización, concebida hace veinte años como herramienta de inclusión territorial, terminó reproduciendo desigualdades. El PNUD reveló en 2024 que solo el 34% de los gobiernos regionales tiene planes de desarrollo concertado actualizados, y apenas el 27% publica sus resultados presupuestales.
La falta de coordinación intergubernamental y la débil capacidad técnica generan “islas de gestión” donde cada entidad opera con objetivos distintos.
Por su parte, el Banco Mundial estimó en 2023 que la inestabilidad institucional incrementa hasta en 20% los costos de inversión pública. Cada año, miles de proyectos quedan paralizados o subejecutados por rotación de personal, burocracia y duplicidad de funciones.
Pactos que sí funcionan: experiencias en el territorio
No todo está perdido. En regiones como San Martín, Cajamarca o Cusco, la cooperación multiactor muestra que los pactos y los espacios de diálogo sí funcionan cuando hay confianza y rendición de cuentas.
- San Martín: La Plataforma de Conservación Productiva Regional ha articulado al gobierno regional, productores y ONG para reducir en 30% la deforestación y certificar cacao y café libres de tala.
- Cajamarca: El Acuerdo de Desarrollo Territorial del Alto Jequetepeque reorientó fondos del canon minero hacia agua y saneamiento, con veeduría ciudadana.
- Mantaro: La Alianza por el Agua y la Vida, impulsada por la Red Agua joven y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) reúne a empresas, comunidades y municipios para restaurar 1,200 hectáreas de bofedales altoandinos, beneficiando a 40,000 personas.
Cinco pactos urgentes para el Perú 2030
| Pacto | Objetivo | Actores clave |
| Pacto por la Integridad | Crear un Código Nacional de Ética Pública y Empresarial con supervisión autónoma. | Estado, sector privado, sociedad civil. |
| Pacto Fiscal Verde | Vincular beneficios tributarios a metas ambientales verificadas. | MEF, SUNAT, gremios. |
| Pacto Territorial por el Agua | Fondos de cuenca con participación ciudadana y empresas locales. | SUNASS, gobiernos regionales. |
| Pacto por la Educación Cívica | Incorporar sostenibilidad e integridad en currículo nacional. | MINEDU, universidades, medios. |
| Pacto por la Transparencia Digital | Unificar portales de datos abiertos y trazabilidad de obras públicas. | PCM, Contraloría, academia. |
Elaboración propia
Ciudadanía organizada: del reclamo al control social
La sociedad civil peruana ha pasado de la protesta a la propuesta. Iniciativas como Veedurías Ciudadanas para la Transparencia Local en Piura y Loreto auditan obras públicas y monitorean presupuestos municipales.
Proética registró en 2023 más de 1,500 veedores activos en 12 regiones, logrando que 36 proyectos de infraestructura sean relicitados o reprogramados tras detectar irregularidades.
Universidades y medios especializados —entre ellos Sustenia.pe— cumplen una función complementaria: traducen la información técnica en lenguaje público, generando ciudadanía informada.
Hacia una institucionalidad que perdure
El OCDE 2023 identifica tres prioridades para fortalecer la gobernanza peruana: profesionalizar el servicio civil, digitalizar la transparencia presupuestal y blindar las entidades autónomas de injerencia política. El año pasado la Contraloría de la República propuso además un sistema de seguimiento de compromisos intergubernamentales con alertas automáticas ante retrasos.
La sostenibilidad requiere instituciones que trasciendan los gobiernos. La confianza es la moneda del desarrollo: se acumula lentamente y puede perderse en una crisis. El Perú necesita pasar del discurso de los pactos a su ejecución verificable, porque solo un Estado confiable puede liderar la transición hacia un futuro sostenible.