El economista y politólogo británico James A. Robinson (1960), profesor de la Universidad de Chicago y director del Instituto Pearson para el Estudio y Resolución de Conflictos Globales, ha construido una de las teorías más influyentes de las últimas décadas sobre las causas profundas del desarrollo.
Aunque su obra no se centra explícitamente en la sostenibilidad ambiental o en las estrategias ESG corporativas, sus investigaciones constituyen una base estructural para comprender por qué la sostenibilidad no puede existir sin instituciones inclusivas, rendición de cuentas y equilibrio de poder.
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Robinson alcanzó notoriedad mundial junto con el economista Daron Acemoglu por obras como Why Nations Fail (2012), Economic Origins of Dictatorship and Democracy (2006) y The Narrow Corridor (2019). En estas sostiene, con evidencia empírica, que las instituciones políticas y económicas determinan la capacidad de una sociedad para generar prosperidad a largo plazo. Su tesis: las instituciones inclusivas —aquellas que distribuyen el poder, promueven la participación y garantizan el Estado de derecho— son la base del desarrollo sostenible; las instituciones extractivas, en cambio, concentran rentas, destruyen capital humano y natural, y perpetúan la desigualdad.
Esa afirmación, respaldada por más de dos décadas de investigación comparada, conecta directamente con los pilares “S” y “G” del paradigma ESG. Según el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR) —que en el 2024 publicó un análisis sobre los laureados del Nobel de Economía—, “las instituciones inclusivas son la infraestructura invisible que sostiene el crecimiento sostenible y la estabilidad social” (CEPR VoxEU, 2024).
El Instituto Pearson, que Robinson dirige desde 2016, también subraya que la gobernanza efectiva es un requisito para resolver conflictos derivados de desigualdad, migraciones o tensiones por recursos naturales, todos ellos ejes del desarrollo sostenible.
En su texto No simple recipe for inclusive institutions in resource-rich poor nations (Harvard Kennedy School, 2014), Robinson advierte que la abundancia de recursos naturales puede ser una trampa cuando el poder político está capturado por élites. Sin transparencia, regulación y control ciudadano —los fundamentos del “G” de ESG—, las rentas extractivas sustituyen la innovación y bloquean la diversificación económica. La llamada “maldición de los recursos” se convierte, en su lenguaje, en una maldición institucional.
Los organismos multilaterales y centros de investigación de desarrollo han adoptado ese enfoque. El Banco Mundial, en su informe Governance and the Law (2017), cita a Robinson y Acemoglu para demostrar que el desarrollo sostenible no depende de políticas técnicas aisladas, sino de sistemas políticos que limiten el poder y generen cooperación. El World Economic Forum, en su índice de Competitividad Global, utiliza marcos de gobernanza inspirados en esta tradición institucionalista para evaluar la sostenibilidad de los países.
Incluso. la dimensión ambiental encuentra resonancia en su pensamiento. En el ensayo Squaring the Circle? Some Thoughts on the Idea of Sustainable Development (2004), Robinson plantea que la sostenibilidad no puede medirse solo en términos de eficiencia técnica o crecimiento verde: requiere deliberación democrática, construcción de consensos y redefinición social de lo que entendemos por desarrollo. En otras palabras, el progreso ambiental depende de la capacidad política de las sociedades para acordar límites y reglas.
La reciente revisión del CEPR sobre los Nobel de Economía 2024 describe su legado como “una teoría general de la sostenibilidad institucional”. En ella, la sostenibilidad económica, social y ambiental no es un fin moral, sino un resultado político de largo plazo. Las sociedades que logran equilibrio entre Estado y ciudadanía —el “corredor estrecho” de su última obra— son las únicas capaces de sostener prosperidad sin destruir su base natural y social.
Los aportes de Robinson han desplazado la discusión de la sostenibilidad desde los indicadores técnicos hacia las condiciones de poder y legitimidad.
En un mundo donde los compromisos climáticos y las estrategias ESG dependen de la credibilidad institucional, su trabajo ofrece una advertencia y una guía: no hay sostenibilidad sin democracia efectiva, ni transición verde posible sin instituciones que funcionen.