En equidad de género, la igualdad legal es esencial pero insuficiente si no se invierte en marcos de apoyo institucional (sistemas de justicia y servicios de cuidado, por ejemplo) y en una firme ejecución de las normas para convertir los derechos que existen en el papel en realidades cotidianas para todas las mujeres.

Utilizando el reporte Women, Business and the Law 2026 – Benchmarking Laws for Jobs and Inclusive Growth, publicado este año por el Banco Mundial, es posible construir una hoja de ruta a partir de los principales hallazgos:

1. Completar la agenda de reformas legales

El primer paso es eliminar las leyes discriminatorias que aún persisten en algunos países de América Latina y codificar protecciones esenciales.

• Seguridad: implementar leyes integrales contra la violencia, incluyendo el acoso cibernético, un área donde países como Argentina, Brasil y Uruguay ya legislaron.
• Emprendimiento: eliminar cualquier restricción para impulsar que las mujeres inicien negocios, y prohibir por ley la discriminación en el acceso al crédito, como lo hizo recientemente Ecuador.
• Cuidado infantil: legislar para garantizar estándares de calidad y apoyo financiero para el cuidado de niños menores de tres años.

«El primer paso es eliminar las leyes discriminatorias que aún persisten»

2. Construir la «infraestructura» de implementación

Tener la ley no es suficiente; se requieren sistemas que permitan ejercer esos derechos. Este es el punto donde más flaquean muchas economías latinoamericanas.

• Planes de acción nacionales: crear estrategias con objetivos medibles y presupuestos asignados, similares a la política de movilidad de Chile, que considera necesidades específicas de las mujeres en transporte público.
• Sistemas de justicia accesibles: establecer tribunales de familia especializados y unidades policiales capacitadas para casos de violencia de género, como las unidades de respuesta en Lagos, Nigeria, que sirven de modelo institucional.
• Datos desagregados por sexo: publicar estadísticas sobre salarios, propiedad de activos y uso del tiempo. Uruguay, por ejemplo, se destaca por publicar datos sobre el trabajo de cuidados no remunerado.

«Se requieren sistemas que permitan ejercer esos derechos que ya no discriminan ni ponen trabas a las mujeres»

3. Fortalecer la ejecución y la rendición de cuentas

Esta hoja de ruta debe asegurar que las autoridades de los países latinoamericanos apliquen las leyes de igualdad con la misma rigurosidad con la que históricamente aplicaron las leyes restrictivas. En ese sentido, es prioritario:

• Fomentar la confianza institucional: los gobiernos deben invertir en la capacidad de las agencias reguladoras para que las mujeres confíen en que denunciar una violación a sus derechos (como el despido por embarazo) resultará en una sanción efectiva.
• Promover mecanismos de queja: crear organismos especializados para recibir denuncias de discriminación laboral, asegurando que las leyes de igualdad de remuneración se cumplan en la práctica.

«Las autoridades deben aplicar las leyes de igualdad con la misma rigurosidad con la que históricamente aplicaron las restrictivas»

¿Cuáles son las prioridades específicas para América Latina?

La hoja de ruta debe poner especial énfasis en tres aspectos claves:

• Cerrar la brecha de implementación: en el reporte del Banco Mundial, América Latina tiene un puntaje promedio legal de 72.15, pero su puntaje en marcos de apoyo es considerablemente menor. Ello indica que las instituciones no están a la altura de sus leyes.
• Incentivos para la formalidad y el liderazgo: implementar cuotas de género en juntas directivas (como en Brasil) y procesos de contratación pública con perspectiva de género (como en Ecuador y Chile) para integrar a las mujeres en los sectores más dinámicos de la economía.
• Abordar el costo de la inseguridad: dado que el crimen y la violencia afectan desproporcionadamente la participación laboral de las mujeres en la región, la seguridad debe ser la base de cualquier estrategia económica.

En conclusión, la transformación requiere pasar de un enfoque basado únicamente en derechos «en el papel» a uno que construya sistemas de apoyo robustos y garantice que las instituciones de justicia funcionen de manera predecible para todas las mujeres.