El modelo voluntario de créditos de carbono mediante mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) podría estar enfrentando una severa contradicción estructural en la Amazonía sudamericana. Y en Colombia se está evidenciando una desconexión crítica entre la localización de las inversiones privadas y los focos reales de tala, lo cual tiene un reflejo directo en la geografía forestal del Perú.
Los incentivos trazados por el mercado internacional han fomentado un sesgo de inversión: el capital privado migra hacia zonas con baja amenaza real y alta estabilidad operativa, mientras los frentes donde el bosque amazónico desaparece con mayor celeridad quedan al margen de los esquemas de conservación basada en carbono. “Más allá del detalle técnico, ¿el dinero que se destina a proteger los bosques llega realmente a los lugares donde se están perdiendo? Si no llega allí, por bien diseñado que esté el instrumento, el bosque se seguirá perdiendo”, señala Jorge Melo-Vega, Presidente de Responde.
«La Amazonía sudamericana va reflejando una desconexión crítica entre la localización de las inversiones privadas para conservación y los focos reales de tala»
El espejo colombiano y el sesgo de oportunidad
En Colombia, existe un debate en torno a los mercados de carbono y la lucha contra la deforestación, a raíz de declaraciones del ministro de Ambiente de ese país, Fabio Arjona, quien propuso la desaparición del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Este instrumento financia y articula proyectos para potenciar la acción climática en Colombia. Al respecto, Javier Sabogal Mogollón, economista ambiental y socio fundador de Catalix, explica que solo el 12% del área correspondiente a 41 proyectos REDD+ (asociados con la reducción de la deforestación), está en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, que concentran el 76% de la deforestación detectada en el primer trimestre de este año. Es más, nueve de los 18 núcleos de deforestación reportados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) no tienen ningún proyecto REDD+ conocido en su zona.
Sabogal señala que los proyectos están ubicados en zonas -sobre todo, en Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichada– donde el bosque amazónico está menos amenazado. Por su parte, un análisis de Rainforest Foundation Norway coincide con los resultados del análisis de Sabogal y determina que alrededor del 70% de los proyectos REDD+ en la Amazonía colombiana corresponden a zonas con baja deforestación. “Soy defensor de los mercados de carbono y creo que pueden traer beneficios en reducción de emisiones, en conservación y para las comunidades. Pero no pueden ser la principal respuesta para financiar la lucha contra la deforestación allí donde ocurre“, añade Sabogal.
Esta premisa describe con exactitud la paradoja del mercado voluntario: la búsqueda de rentabilidad y certidumbre jurídica empuja a los desarrolladores a registrar iniciativas en territorios con presión deforestadora marginal. Cuando la compensación de emisiones depende del mercado sin una gobernanza pública orientadora, los recursos no se asignan en función del riesgo ecológico, sino de la facilidad logística.
«La búsqueda de rentabilidad y certidumbre jurídica empuja a los desarrolladores a registrar iniciativas en territorios con presión deforestadora marginal»
La paradoja peruana
En el Perú, una parte sustancial de los proyectos REDD+ históricos con mayor volumen de créditos emitidos opera bajo la modalidad de contratos de administración en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Ejemplos emblemáticos como el Parque Nacional Cordillera Azul, el Bosque de Protección Alto Mayo o la Reserva Nacional Tambopata han utilizado los bonos de carbono para consolidar la sostenibilidad financiera del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente ambiental y de mitigación climática, surge el problema de la adicionalidad:
- Protección preexistente. Las ANP ya cuentan con amparo legal del Estado e infraestructura de fiscalización. Atribuir la reducción total de emisiones a la venta de créditos sobreestima las líneas base de deforestación proyectada.
- Abandono de la frontera agrícola y delictiva. Los frentes activos de tala en el Perú —la agricultura migratoria no planificada, la minería ilegal en Madre de Dios, los cultivos ilícitos y el tráfico de tierras en el centro de Ucayali, Huánuco y el sur de Loreto— permanecen casi desprovistos de iniciativas REDD+.
Sobre el avance incesante de la pérdida de cubierta arbórea en el país, el sociólogo y especialista en gestión ambiental Moisés Benites ha estimado la dimensión real del fenómeno y señala que desde inicios del siglo XXI, el Perú habría perdido ya una extensión de bosques comparable al tamaño de la región Cajamarca. “La deforestación sigue avanzando sin señales de desaceleración; queda claro que el partido contra la deforestación lo estamos perdiendo por goleada”, explica Benites.
Este análisis evidenciaría que, a pesar de más de 15 años de vigencia de proyectos REDD+ y millonarias emisiones de créditos en el Perú, la tasa de pérdida de bosque tropical no ha experimentado una inflexión estructural a nivel nacional.
Sin embargo, no todos piensan igual: “decir que los proyectos REDD+ no llegan donde hay deforestación es desconocer el impacto que están teniendo. ¿Cuál sería el escenario sin esos proyectos? Justamente la razón de ser de los REDD+ es evitar la deforestación en una zona específica, entonces más bien están siendo iniciativas exitosas, que contribuyen a que no haya más deforestación”, dice Stefanie Delgado, directora de gestión de portafolios de inversión de Profonanpe.
«Los proyectos REDD+ no han sido una herramienta suficiente para frenar el avance de los verdaderos motores de la deforestación en el país»
La necesidad de una transición jurisdiccional
Los proyectos REDD+ a escala de proyecto aislado han cumplido un rol valioso para financiar la gestión de parques y generar alternativas económicas locales. No obstante, no han sido una herramienta suficiente para frenar el avance de los verdaderos motores de la deforestación en el país.
“En el Perú también estamos apostando por los mercados de carbono, y está bien que haya más financiamiento. Pero me preocupa que avancemos más rápido en vender créditos que en ordenar el territorio, titular a las comunidades y garantizar que ellas participen y se beneficien. Sin esa base, corremos el riesgo de tener buenos titulares y pocos resultados”, agrega Melo-Vega.
La solución técnica que impulsa el Estado peruano a través del Ministerio del Ambiente (MINAM) es el tránsito hacia un modelo de REDD+ jurisdiccional y subnacional, apoyado en los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (FREL). Bajo esta arquitectura centralizada, se busca que la asignación de reducciones de emisiones se mida a escala regional o nacional, evitando la fuga de deforestación y garantizando que los fondos retribuyan la conservación efectiva donde la amenaza es inminente. “Donde hay mucha deforestación, a veces operan otros mecanismos como minería ilegal, narcotráfico, etc. Allí se necesita otro tipo de intervención. Esas no son problemáticas que un proyecto de carbono puede solucionar”, añade Delgado.
Mientras los incentivos del mercado privado sigan premiando zonas de bajo riesgo operativo, el esquema REDD+ continuará financiando la tranquilidad de bosques seguros. Mientras tanto, las verdaderas fronteras de la deforestación amazónica siguen cayendo a toda velocidad y a vista y paciencia de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.