El miércoles 10 de diciembre pasado se produjo en Lima una marcha de pescadores supuestamente afectados por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 durante la descarga del buque tanque Mare Doricum. Como es de conocimiento público, el siniestro ocurrió en el terminal de la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, y contaminó las costas de Lima y Callao. Los manifestantes anunciaron en las calles la presentación de una demanda de acción de amparo contra la multinacional española Repsol, a fin de reclamar mayores indemnizaciones por los daños y pérdidas económicas sufridas. Pronto se cumplirán cuatro años de la ocurrencia de este derrame de petróleo, el mayor desastre en la historia ambiental del Perú y, de esta manera, el caso Ventanilla sigue lejos de un “cierre”.

Las brechas persisten

El Informe Defensorial #254 “Balance a tres años del derrame de petróleo en Ventanilla y evaluación del estado actual de cumplimiento en el marco ambiental: Seguimiento a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo”, publicado en web el 1 de octubre de 2025, resume la magnitud del impacto: cerca de 16,000 hectáreas afectadas, 46 playas impactadas (de éstas, 25 de uso recreacional), además de afectación a áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón. Una de las conclusiones del informe es que el Estado no ha garantizado la remediación integral ni la reparación adecuada, y que persiste la vulneración de derechos y, por ello, insiste en una serie de recomendaciones:

• Al Ministerio del Ambiente: Implementar un plan multisectorial marino-costero, aprobar ECAs y valorar daños.
• Al Ministerio de Energía y Minas: Culminar la evaluación de planes de rehabilitación e incorporar protocolos sociales.
• A la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) / Ministerio de Defensa: Aprobar formalmente el Plan Nacional de Contingencia.
• A Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp): Aprobar protocolos específicos y destinar presupuesto para el rescate de fauna.
• A Repsol: Asumir responsabilidad plena, indemnización justa y reparación integral.

Repsol, por su parte, insiste en que el daño está reparado y compensado. El 11 de diciembre pasado medios locales reprodujeron fragmentos de una comunicación brindada por Repsol a la agencia EFE, donde la empresa afirma haber invertido más de S/ 1,300 millones en indemnizaciones, compensaciones, limpieza, planes de rehabilitación y monitoreo, y que lo anterior le permite asegurar que “las actividades productivas y el uso de las playas se lleven a cabo con normalidad”.

Sin embargo, otra de las conclusiones del Informe Defensorial dice al respecto: “Las obligaciones de la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., respecto a la reparación de los daños ambientales, la indemnización a los afectados y la remediación de los sitios contaminados han sido cumplidas de forma parcial y dilatada. La veracidad de la información pública que se difunde no siempre ha sido contrastada ni aclarada por las autoridades competentes, lo que afecta la transparencia y el acceso a la verdad de la ciudadanía”.

Un polémico apretón de manos

A mediados de setiembre pasado, el diario Gestión informó que Repsol y la naviera llegaron a un acuerdo de indemnización con el Estado peruano. El monto total pactado ascendería a S/ 440 millones, que no incluye los gastos de limpieza, rehabilitación o patrullajes asumidos por la empresa, y hace referencia a montos adicionales vinculados a responsabilidad social destinados por el Estado a poblaciones necesitadas.

El debate hoy gira en torno a una pregunta clave: ¿se puede hablar de normalidad cuando el daño ambiental aún persiste? INTE-PUCP y DIGESA han reportado que de 30 playas afectadas, 25 están aún contaminadas y no aptas para bañistas. Por su parte, organizaciones como CooperAcción y Oxfam han enfatizado que miles de pescadores no han podido volver a pescar, lo cual implica pérdidas anuales relevantes por familia afectada. Al respecto, la Defensoría, en su balance a tres años, insiste en que la recuperación integral exige más que compensaciones: requiere estándares técnicos (por ejemplo, para sedimentos), articulación institucional y transparencia sostenida hacia la ciudadanía, además de un enfoque de derechos para las poblaciones afectadas.

El caso también ha escalado fuera del Perú. Una capa adicional de presión proviene del litigio internacional: organizaciones y comunidades impulsan acciones contra estructuras corporativas fuera del país, buscando elevar el estándar de responsabilidad transnacional.

Esta (triste) historia continuará; el daño ambiental también.