Desde 2011, en cada ciclo electoral, las empresas con operaciones en el corredor minero del sur del Perú enfrentan la misma secuencia: capitales que se fugan, inversiones que se restringen, candidatos que proponen expulsar la actividad privada del territorio —y poblaciones que los eligen. Sucedió con Humala, con Castillo y vuelve a suceder en 2026 con Roberto Sánchez. Una evidencia que se repite en cada elección.
El patrón no es casual ni reciente. Se reitera con precisión en Cusco, Puno y Apurímac: los tres departamentos del corredor minero del sur que concentran la mayor cantidad de operaciones extractivas del país, los mayores volúmenes de canon distribuido y, elección tras elección, los votos más consistentes hacia candidatos que cuestionan la legitimidad de esa misma inversión.
El dato no admite interpretación favorable: decenas de colegios construidos, centros de salud equipados, kilómetros de vías habilitadas, fondos de canon distribuidos año tras año. Los informes de sostenibilidad están publicados. Y los resultados electorales son consistentemente los mismos.
Lo que el canon ejecutó en 2025
Para contextualizar la magnitud de los recursos involucrados, los datos de ejecución presupuestal en proyectos de inversión de infraestructura para 2025 —financiados con canon y regalías, según información del MEF, MINEM, INEI y BCR— muestran lo siguiente (cifras aproximadas, sujetas a verificación en fuente primaria MEF–Consulta Amigable):
¿Sirvió la inversión del canon y regalías en 2025?
| Cusco | 1,811.5 | ~1,213.7 | 67% |
| Puno | 521.8 | ~328.7 | 63% |
| Apurímac | 388.2 | ~240.6 | 62% |
| Huancavelica | 102.4 | ~59.3 | 58% |
| Nota metodológica Los valores de devengado corresponden a estimaciones aproximadas derivadas del porcentaje de avance reportado sobre el PIM. Las cifras exactas deben contrastarse con el portal Consulta Amigable del MEF (consultaamigable.mef.gob.pe) y los reportes de transferencias del MINEM. Se presentan con el símbolo (~) tal como figuran en la fuente de origen. |
Fuente: MEF, MINEM, INEI, BCR
Cusco ejecutó aproximadamente S/ 1,213.7 millones en infraestructura sobre un presupuesto de S/ 1,811.5 millones. Puno y Apurímac presentan tasas de ejecución de 63% y 62% respectivamente, sobre presupuestos de S/ 521.8 y S/ 388.2 millones. Huancavelica, con menor base presupuestal, ejecutó el 58% de sus S/ 102.4 millones asignados.
«Miles de millones de soles en canon y en programas de responsabilidad social. Y en cada elección, los mismos resultados. La pregunta no es si se invirtió. La pregunta es si esa inversión transformó algo»
Obras sin convicción
La responsabilidad social (RS), tal como ha sido aplicada, ha medido lo que es fácil de medir: outputs. Cantidad de beneficiarios, montos invertidos, proyectos concluidos.
Rara vez ha medido outcomes: cambios verificables en la percepción de la empresa, en la legitimidad social de la operación, en la comprensión del rol de la inversión privada en el desarrollo local.
La distinción no es semántica. Un output es un colegio construido. Un outcome es si los padres de los niños que estudian en ese colegio comprenden, quince años después, el vínculo entre la actividad minera y las condiciones de vida de su comunidad. Los votos miden outcomes. Los informes de sostenibilidad, en su mayoría, solo reportan outputs.
Pueden haberse construido y mantenido doscientos colegios en el corredor minero del sur sin que esa inversión haya llegado al registro donde se forman las convicciones: la conversación cotidiana, la referencia de los líderes locales, la narrativa que una comunidad construye sobre sí misma y sobre quién genera —o extrae— su riqueza.
«La responsabilidad social, tal como ha sido aplicada, ha medido lo que es fácil de medir: outputs. Rara vez ha medido outcomes»
Las empresas que no trabajan ese nivel no tienen responsabilidad social ni una estrategia de sostenibilidad decente. Tienen obras. Y las obras, solas, no votan a favor.
Cinco ajustes que esta disciplina requiere
| 1. Investigación de base por territorio | Cada comunidad tiene lógicas propias de cohesión y conflicto. La estandarización de programas sin diagnóstico previo produce inversión sin anclaje. Lo que genera confianza en un territorio puede ser irrelevante —o contraproducente— en otro. |
| 2. Monitoreo de impactos no intencionados | La inyección de recursos en economías locales tiene efectos distributivos. Un programa bien intencionado puede elevar el costo de vida en zonas aledañas y generar un agravio legítimo en quienes no se benefician. Ese segundo actor existe pero no aparece en los reportes. |
| 3. Medición de percepción con periodicidad y rigor | No encuestas de satisfacción postactividad. Medición estructurada de la legitimidad social de la operación, con metodología replicable y series de tiempo que permitan detectar variaciones antes de que se expresen en conflicto o en urnas. |
| 4. Formación con horizonte de largo plazo | La infraestructura es visible. La comprensión del vínculo entre inversión privada, empleo formal y desarrollo territorial se construye en años. Las empresas que operan en territorios con alta conflictividad deben asumir ese trabajo de formación como costo de operación, no como acción voluntaria de última milla. |
| 5. Llegar a donde se forman las convicciones | Se pueden construir doscientos colegios sin haber llegado a los niños que estudian en ellos, ni a sus padres. Las convicciones sobre qué tipo de desarrollo es legítimo se forman en la conversación cotidiana, en la referencia de los líderes locales, en la narrativa que una comunidad construye sobre sí misma. Las empresas que no trabajan ese nivel no tienen RS, tienen obras. |
La pregunta que las sedes centrales evitan
Hay una auditoría que ninguna empresa minera del corredor sur se ha hecho de forma sistemática y pública: revisar los resultados electorales mesa por mesa en las localidades donde interviene su programa de responsabilidad social, donde aplican esa estrategia de sostenibilidad tantas veces aplaudida en cócteles y eventos.
¿Qué autoridades eligieron las comunidades donde la empresa construyó infraestructura? ¿Qué candidatos obtuvieron mayoría en los distritos donde se ejecutaron los programas de mayor inversión? Si esa información existe, no está en los reportes de sostenibilidad. Si no existe, es la primera señal de que el problema de medición es más profundo de lo que se reconoce.
La aceptación social de la inversión privada no se logra de la noche a la mañana, y no se logra territorio por territorio con infraestructura. Se construye, como cualquier proceso de cambio cultural, con diagnóstico, con paciencia, con presencia en los espacios donde se forma la opinión —la fiesta patronal, la asamblea comunal, la conversación entre vecinos— y con la disposición de identificar y atender a quienes resultan perjudicados por la operación, no solo a quienes se benefician.
«El impacto de la inversión minera en precios locales, en acceso a servicios y en la estructura de la comunidad, produce ganadores y perdedores. A ese segundo grupo de actores —los perjudicados— hay que ubicarlos; la empresa que no lo hace está administrando un riesgo social que no tiene contabilizado»
Octubre como segunda lectura
Las elecciones generales de junio de 2026 ofrecen una primera lectura de datos. La segunda se produce en octubre, con los comicios regionales y locales: la escala donde la responsabilidad social de las empresas tiene mayor incidencia directa y donde los resultados son más difíciles de atribuir a factores externos.
Si en octubre los departamentos del corredor minero del sur reeligen autoridades con plataformas antiextractivas en distritos donde la inversión privada ha sido sostenida y documentada durante años, el diagnóstico de este artículo habrá sido confirmado una vez más.
La oportunidad no está en esperar que eso no suceda. Está en que las empresas utilicen el periodo preelectoral para hacer la auditoría que nunca han hecho: cruzar sus mapas de intervención con los mapas de resultados electorales, identificar las brechas, y rediseñar sus programas con la misma exigencia metodológica con la que diseñan sus planes de producción.