En enero del 2026 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) marcó una frontera institucional al publicar su advertencia pública sobre los riesgos de invertir en ofertas privadas: no están bajo su supervisión y no cuentan con protección administrativa.

Aunque el mensaje inicial de la SMV fue jurídico, el trasfondo es de gobernanza estructural. La discusión sobre los fondos privados y, en general, la sostenibilidad del mercado de capitales peruano depende hoy de resolver una pregunta técnica: ¿cómo garantizar la confianza en sectores no regulados?

«Aunque el mensaje inicial de la SMV fue jurídico, el trasfondo es de gobernanza estructural»

La experiencia reciente: cuando la opacidad está cara

El Perú no es ajeno a episodios donde estructuras de inversión sin supervisión clara terminaron en denuncias públicas y pérdidas significativas.

En el 2019, el caso de Óptima Inversiones —investigado y publicado por IDL-Reporteros ese mismo año— reveló un esquema que ofrecía rendimientos de dos dígitos en dólares y soles, captando recursos de inversionistas sofisticados y generando pérdidas estimadas en decenas de millones de soles cuando el modelo colapsó.

El reportaje documentó cómo la falta de transparencia y controles adecuados permitió que el esquema se expandiera antes de ser cuestionado públicamente.

Paralelamente, en distintos comunicados emitidos entre 2023 y 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado alertas sobre entidades informales que captan dinero del público prometiendo altos retornos sin autorización para hacerlo.

Estas advertencias, difundidas oficialmente en su portal institucional, incluyen nombres específicos y buscan prevenir que inversionistas confundan formalidad aparente con regulación efectiva.

«La SBS ha publicado alertas sobre entidades informales que captan dinero del público prometiendo altos retornos sin autorización para hacerlo»

No todos estos casos corresponden técnicamente a “fondos privados” bajo la Ley del Mercado de Valores. Pero sí comparten un rasgo: estructuras que operan con niveles de disclosure limitados, sin supervisión equivalente a la del mercado público, y con inversionistas expuestos a riesgos que no siempre comprenden plenamente.

Ese contexto explica por qué el aviso de la SMV de enero del 2026 no fue una formalidad. Fue una señal preventiva.

ESG empieza por la gobernanza

En el debate sobre sostenibilidad, suele hablarse de bonos verdes y transición energética. Sin embargo, la sostenibilidad financiera comienza por la “G” de ESG: gobernanza.

«Cuando un fondo privado capta capital sin obligación de divulgar información financiera periódica o métricas de impacto, el análisis ESG queda incompleto»

Transparencia mínima, deber fiduciario claro, gestión de conflictos de interés y revelación proporcional de riesgos no son exigencias burocráticas. Son la infraestructura invisible de la confianza.

Cuando un fondo privado capta capital sin obligación de divulgar información financiera periódica o métricas de impacto, el análisis ESG queda incompleto. Puede haber buenas intenciones y proyectos legítimos, pero sin estándares verificables el mercado no puede distinguir entre gestión responsable y narrativa atractiva.

Capital internacional y zona gris regulatoria

El debate alcanzó dimensión pública cuando el diario Gestión llevó el tema a portada este 13 de febrero, informando que la SMV se alistaba para impulsar cambios regulatorios vinculados a los fondos privados, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

«¿Puede el Perú atraer capital de largo plazo si parte de su mercado funciona en una zona gris regulatoria?»

El Perú busca consolidarse como un destino de inversión sostenible. El capital institucional global opera bajo marcos cada vez más exigentes en materia de disclosure, debida diligencia y gestión de riesgos climáticos y sociales.

Si una parte relevante del ecosistema financiero opera con obligaciones sustancialmente menores, la percepción de riesgo regulatorio aumenta; no porque el mercado privado sea ilegítimo, sino porque la heterogeneidad de estándares genera incertidumbre. Entonces, la pregunta estratégica es directa: ¿puede el país atraer capital de largo plazo si parte de su mercado funciona en una zona gris regulatoria?

La reforma de la SMV como señal de madurez

El debate abierto desde enero y febrero de este año refleja que el regulador reconoce tensiones estructurales en el mercado.

Regular no implica eliminar la flexibilidad del mercado privado. Implica establecer pisos mínimos de gobernanza que reduzcan asimetrías y fortalezcan la confianza sistémica.

La experiencia internacional muestra una tendencia clara: mayor estandarización, mayor convergencia entre riesgo financiero y riesgo climático, mayor exigencia de transparencia. Los mercados que anticipan esa evolución fortalecen su credibilidad; los que la postergan asumen primas de incertidumbre.

Una prueba institucional

La regulación de los fondos privados en el Perú no es solo una discusión jurídica para la SMV. Es una prueba de madurez y gobernanza institucional.

«El desafío no es restringir el mercado privado, sino integrarlo progresivamente en una arquitectura coherente de transparencia y responsabilidad»

Los casos de inversión fraudulenta conocidos públicamente en 2019 y las alertas oficiales reiteradas entre 2023 y 2025 muestran que la opacidad tiene costos económicos y reputacionales reales. El desafío no es restringir el mercado privado, sino integrarlo progresivamente en una arquitectura coherente de transparencia y responsabilidad.

El capital, por naturaleza, acepta riesgos; sin embargo, lo que no tolera y erosiona la confianza es la falta de visibilidad sobre dónde terminan las reglas y dónde empieza la especulación.