Crear empleo formal en América Latina es un desafío de alto costo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean advierte que los empleadores de la región pagan, en promedio, un 50% adicional al salario base en cargas no salariales (seguridad social, pensiones y mecanismos de protección). En países como Argentina, Brasil y Perú, este recargo escala hasta el 70%.

Para la alta dirección, c-level y los responsables de gobernanza corporativa, este indicador expone una falla estructural: la formalidad se ha diseñado sobre un esquema de financiamiento que desincentiva la inversión y fomenta la informalidad.

«En Argentina, Brasil y Perú, las cargas no salariales hacen que el recargo laboral llegue hasta el 70%»

Factores detrás del sobrecosto

• El “impuesto al trabajo” y el desajuste de valor. Financiar la salud y las pensiones mediante impuestos sobre la nómina (payroll taxes) encarece el insumo mano de obra. La distorsión se profundiza cuando el trabajador no percibe un valor proporcional en los servicios públicos que recibe a cambio, incentivando acuerdos de informalidad salarial.
• Rigidez normativa y contingencias legales. Las indemnizaciones por despido sin causa y los dilatados procesos de litigación laboral actúan como un pasivo contingente para las organizaciones. Al contratar, la empresa debe calcular no solo el sueldo mensual, sino también el riesgo legal y financiero derivado de la desvinculación.
• La trampa de la dualidad social. La convivencia entre un sistema contributivo caro para trabajadores formales y programas asistenciales gratuitos financiado con impuestos generales para los informales genera un incentivo perverso. Al formalizarse, el trabajador de bajos ingresos pierde subsidios estatales, mientras la empresa enfrenta un incremento inmediato en sus costos operativos.

«Al formalizarse, el trabajador de bajos ingresos pierde subsidios estatales, mientras la empresa enfrenta un incremento inmediato en sus costos operativos»

¿Cuál es la solución? Paradigmas para una reforma

Destrabar la trampa, sin menoscabar el bienestar de los trabajadores, plantea tres reformas estructurales:

• Separar la protección social del estatus laboral. Santiago Levy, economista y exvicepresidente del BID, sostiene que la salud universal y las pensiones básicas deben financiarse mediante impuestos generales (como el IVA o la renta) en lugar de cargas a la nómina. Esta medida elimina el “impuesto a la formalidad”, creando un piso mínimo de protección para todos los ciudadanos independientemente de su tipo de empleo.
• Modernizar los esquemas de cesantía. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Modelo del Seguro de Cesantía de Chile proponen sustituir la indemnización tradicional por fondos de cese o cuentas individuales de desempleo. Ello reduce la litigiosidad y la incertidumbre financiera para las empresas, asegurando liquidez inmediata para el trabajador en transición.
• Gradualidad tributaria para MIPYMES. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone esquemas de aportes escalonados proporcionales a la productividad real de la micro y pequeña empresa, previniendo que la carga regulatoria asfixie a los emprendimientos emergentes antes de consolidar su operación.

Un imperativo de sostenibilidad empresarial

El debate sobre los costos laborales no es un llamado a reducir la protección del trabajador, sino a rediseñar su arquitectura. Una seguridad social moderna y un mercado laboral flexible son indispensables para dinamizar la productividad y fortalecer la gobernanza corporativa en la región.