El bloque del G77 + China llegó con una posición más cohesionada que en años previos, exigiendo financiamiento no condicionado, transferencia tecnológica real y mecanismos que eviten que la transición energética reproduzca desigualdades existentes.

Transición justa

El punto más disruptivo fue la propuesta del Belem Action Mechanism (BAM), un nuevo marco de cooperación internacional para garantizar una transición justa en países del Sur Global. El mecanismo plantea tres principios: financiamiento no generador de deuda, acceso equitativo a tecnologías limpias y protección laboral en sectores que enfrentarán reconversiones profundas. En un mundo donde más del 70% del financiamiento climático toma la forma de créditos —muchos de ellos costosos—, la demanda es más que retórica.

India elevó el tono en Belém al denunciar el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea como una medida “incompatible con el espíritu de la Convención”.

La acusación no es menor. El CBAM afectará exportaciones de acero, cemento y productos intensivos en energía provenientes del Sur Global, imponiendo costos adicionales en cadenas productivas que ya enfrentan brechas de competitividad. Para el Perú, exportador de minerales críticos, la advertencia es directa: la transición global redefinirá mercados incluso antes de que el país modernice sus procesos.

Capacidades institucionales

Mientras países desarrollados impulsan estrategias sofisticadas de carbono, muchos países de ingresos medios carecen de sistemas de monitoreo, verificación y transparencia que les permitan acceder a financiamiento.

Belém expuso la necesidad de reducir esta brecha con apoyo técnico real, no únicamente promesas diplomáticas.

El componente social está ganando espacio

Organizaciones sindicales, como la ITUC, llevaron a la COP30 un mensaje claro: una transición que deja a los trabajadores atrás no es transición. Sectores como minería, transporte y agricultura enfrentarán transformaciones profundas en las próximas dos décadas. Sin políticas de reconversión laboral, el riesgo de conflictos sociales y retrocesos regulatorios es alto.

Por otro lado, América Latina, y en particular los países amazónicos, enfrentan impactos desproporcionados frente a su contribución histórica al calentamiento global. Belém refuerza el argumento de que proteger la Amazonía debe generar beneficios económicos tangibles para quienes viven en ella, no solo reconocimientos simbólicos.