En Estados Unidos se está librando una batalla silenciosa que debería llamar la atención de cualquier estratega de sostenibilidad y políticas públicas: la tensión entre la necesidad de acelerar inversiones energéticas y el respeto a la soberanía territorial y ambiental de los pueblos indígenas. Un ejemplo vivo es la disputa en torno a la Nación Navajo y los proyectos hidroeléctricos en su territorio, que viene marcando un patrón sobre cómo el Estado federal viene interpretando la idea de “transición energética”.
En el 2024 la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) —el regulador federal de energía— decidió negar los permisos preliminares a siete proyectos de almacenamiento hidroeléctrico (pumped storage) ubicados en tierras de la Nación Navajo. La razón de ello fue que la tribu se opuso a tales planes y no hubo consulta real ni consentimiento previo. Esta decisión, celebrada por los defensores de los derechos indígenas como un paso hacia el respeto de la soberanía tribal, estableció que ningún proyecto en tierras indígenas podría avanzar sin el apoyo explícito de la tribu correspondiente.
Pero este equilibrio está siendo desafiado. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, solicitó a la FERC que reconsidere y revierta esa política a fin de permitir que los desarrolladores obtengan permisos preliminares, incluso sin el consentimiento tribal, alegando que la exigencia actual -léase, la normatividad vigente- retarda el desarrollo de infraestructura crítica como la hidroeléctrica o el almacenamiento de energía.
Las tribus nativas y los grupos de conservación han respondido con fuertes objeciones y con pedidos formales a la FERC para que mantenga la política de consulta y veto, argumentando que retirarla erosionaría gravemente la capacidad de las comunidades indígenas para proteger sus recursos y territorio, y que un proceso de comentario público tan breve no es suficiente para un cambio de tal magnitud.
Este tira y afloja muestra que incluso en un país con marcos legales avanzados, la implementación práctica de los derechos indígenas frente a políticas de infraestructura energética está lejos de ser un asunto resuelto. El fondo de la disputa no es técnico, sino político y cultural: ¿quién decide sobre el uso de la tierra y del agua, y qué significado tiene el “consentimiento” en contextos de poder desigual?
Esa lección reverbera con fuerza en el Perú. Aquí también la expansión de la infraestructura energética, minera e hídrica choca con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. La consulta previa está prevista en la ley, pero el diseño de los procesos a menudo deja poco margen para un “no” efectivo o para que las comunidades influyan verdaderamente en la decisión final. El resultado son conflictos socioambientales que se enquistan, judicializaciones y un desgaste continuo de la confianza entre el Estado/empresas y las comunidades. La disputa relacionada con la FERC revela que cuando la autoridad reguladora se percibe más como promotora de proyectos que como garante de derechos, la legitimidad de la transición energética queda en entredicho.
En síntesis, el caso de la Nación Navajo no es una anécdota geopolítica distante: es un espejo para el Perú. Una transición energética que no respeta la soberanía territorial y los derechos ambientales de pueblos indígenas no será sostenible ni justa, por más que esté respaldada por cifras de inversión o narrativa técnica.
El reto es construir regulaciones e instituciones que no vean la demanda de consentimiento como una traba burocrática, sino como un componente esencial de una política energética verdaderamente legítima y resiliente.