Los informes corporativos o, mejor dicho, los reportes de sostenibilidad son mucho más que piezas de relaciones públicas: son ocasiones estratégicas, públicas y voluntarias que tienen las empresas para ejercer la transparencia y reforzar la confianza. Y, en tiempos donde abunda el storytelling bañado de greenwashing, la transparencia se ha convertido en un bien escaso.
Ante todo, si tuviste una crisis, no puedes callar ni evadir responsabilidad.
Repsol Perú presentó en julio pasado su Informe de Sostenibilidad 2024, bajo estándares GRI y auditado externamente. El impecable documento afirma reflejar el esfuerzo de la compañía por “transparentar aspectos esenciales” de su gestión económica, social y ambiental. La presentación se realizó en un evento cuidadosamente preparado, muy cerca de su sede corporativa en Lima Metropolitana.
Como era de esperarse, las expectativas estaban a tope entre la gran audiencia allí convocada. Todos tenían en la memoria el derrame de casi 12,000 barriles de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla en enero del 2022 y que tiñó de negro más de 100 km de nuestras costas, afectó la biodiversidad marina y dejó sin sustento a miles de familias.
Sin embargo, durante los 90 minutos de exposición pública —testimonios de aliados, cifras y mensajes bien preparados— lo esencial fue silenciado. La empresa omitió en su discurso y narrativa cualquier mención sobre el estado de cumplimiento con las obligaciones relacionadas al peor desastre ambiental en la historia reciente del Perú, de las cuales es responsable.
Eso sí, el informe escrito concede unos párrafos a dicho pasivo: allí se afirma que “más del 99% de los afectados identificados han recibido sus compensaciones económicas totales”. Repsol reconoce en el informe que el proceso de remediación sigue en curso y que la autoridad ambiental no aprueba los planes finales de rehabilitación. De hecho, aún existen procedimientos administrativos y judiciales en curso relacionados con el incidente, lo que sugiere que no todas las obligaciones legales y administrativas derivadas del derrame están completamente concluidas o resueltas.
Al respecto, el OEFA sigue reportando más de 25 playas contaminadas, los afectados continúan reclamando compensaciones “justas”, y el crudo permanece no solo en el ecosistema, según la Defensoría del Pueblo, la INTE-PUCP y las Naciones Unidas, sino también en la memoria social y en la desconfianza hacia la empresa.
La pregunta central, entonces, sigue siendo incómoda pero muy necesaria: ¿cómo una empresa puede presentarse en público y dar un discurso sobre sostenibilidad sin abordar su mayor pasivo ambiental, social y reputacional? Sin duda alguna, una interrogante que lamentablemente interpela a muchas otras compañías peruanas que también predican discursos sostenibles teniendo deudas abiertas con la sociedad y con el ambiente.