Tras su renuncia al cargo de alcalde Lima el martes 14 de octubre, la evidencia es clara: la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se ha convertido en un escenario de incumplimientos normativos que compromete las finanzas de la ciudad, la integridad de la administración pública y la seguridad jurídica de Lima, proyectando un riesgo serio para el país entero.

La calle no respalda la labor municipal en Lima pese a la ola de anuncios que lanzó el ex alcalde sobre “obras” e “inauguraciones”. La última encuesta de Ipsos Perú, realizada a finales de septiembre del 2025, muestra una nueva caída en la aprobación para la gestión de López Aliaga a 38% y una desaprobación de 50%.

Si bien en los meses anteriores, la fractura social era evidente, con un NSE A que lo respaldaba, mientras que en los sectores D y E la mayoría lo rechazaba, ahora el rechazo a la labor del ahora candidato presidencial (por la agrupación política Renovación Popular) es mayoritario en Lima, si consideramos el desagregado por NSE, edad y género.

Argumentando una falta de compromiso del empresariado con la política nacional y tras la destitución de Dina Boluarte como mandataria por “permanente incapacidad moral” por parte del Congreso de la República, el exalcalde lanzó su candidatura presidencial. Al respecto, Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, anticipa un resultado electoral con un dato histórico: “En los últimos 100 años ningún alcalde de Lima ha sido elegido presidente, porque en el interior del país muchas veces hay un sentimiento anti Lima, percibido como centralista”.

Algunos defensores de la actual gestión alegan que “el compliance es un obstáculo” y que, sin salirse de la norma, no sería posible avanzar con obras urgentes: sin duda, un argumento que resulta tentador para quienes creen que los trámites matan la acción. Pero es un espejismo.

Saltarse la ley no acelera el desarrollo: lo compromete. El costo de inaugurar pistas o vías sin permisos, desalojar sin procesos adecuados o desconocer contratos firmados es, en realidad, hipotecar la credibilidad de Lima ante inversionistas, vecinos y el propio Estado.

El dilema es entonces moral: ¿queremos una ciudad que confunda el incumplimiento con eficiencia? ¿O una ciudad que entienda que la sostenibilidad urbana solo se logra sobre la base de reglas claras, transparencia y ética en la gestión pública? Sin compliance no hay confianza; sin confianza no hay inversión; sin inversión no hay desarrollo.

Si Lima quiere proyectarse como una ciudad sostenible, la gestión municipal debería ser el modelo de gobernanza, transparencia y ética. Entonces, el “compliance municipal” debería ser la primera prueba de coherencia. No se le puede exigir a un vecino reciclar, a una empresa reducir emisiones de carbono o usar sus fondos correctamente, y a un ciudadano pagar impuestos y arbitrios, si la propia Municipalidad desconoce y no respeta la legalidad ni promueve la transparencia en sus actos más elementales.

El riesgo no es solo para Lima. Si este estilo de gobierno se exporta a la Presidencia de la República, lo que hoy se percibe como incumplimiento municipal podría escalar a incumplimiento nacional.

La historia recuerda que ningún alcalde limeño ha llegado a Palacio. Esta vez, la duda no es solo si lo logrará, sino qué pasará con el Estado de derecho y la sostenibilidad del país si lo consigue.