En el Perú, los inversionistas saben (o deben saber) que las ofertas privadas no están bajo supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los fondos privados no tienen obligación de revelar información pública y no cuentan con protección administrativa. En la práctica, el inversionista asume todo el riesgo. Pero lo más relevante no es la norma, sino cómo esa realidad se traduce en pérdidas concretas.
«El Perú no enfrenta solo casos de fraude relacionados a fondos privados. Conviven esquemas fraudulentos, zonas grises con denuncias y estructuras formales con cuestionamientos de gobernanza»
Actualmente el mercado de inversión privada en el Perú convive con tres tipos de riesgo que, aunque distintos en lo técnico, terminan siendo percibidos como uno solo cuando el capital no retorna. Son tres niveles distintos que el mercado confunde, pero un mismo efecto cuando fallan: pérdida de capital y deterioro de confianza.
1. Fraude directo
El caso de Óptima Inversiones se hizo públicoa mediados de 2023 y evidenció un esquema piramidal -liderado por el gerente general Óscar Flores Lama y la asesora financiera Rosario Díaz– que ofrecía retornos de dos dígitos en dólares y soles. Flores había sido gerente general adjunto de Blanco SAFI y de Blanco Consultora SAC, entre 2013 y 2015.
La estructura colapsó dejando pérdidas estimadas en S/ 70 millones y alrededor de 200 inversionistas afectados, incluyendo figuras destacadas del ámbito político, económico y empresarial en el Perú.
«Un esquema piramidal representa el nivel de riesgo más evidente: promesas irreales, opacidad total y ausencia de respaldo financiero»
Otros esquemas piramidales investigados en 2025 replican el patrón, con pérdidas estimadas cercanas a S/ 15 millones.
2. Zona gris con denuncias
Un segundo nivel incluye casos donde hay denuncias de inversionistas que no recuperan su dinero, pero sin una tipificación consolidada como fraude.
El caso vinculado a María Luisa Aguirre Salazar y estructuras relacionadas con Blanco SAF, con controversias entre 2024 y 2025, refleja esta situación. No existe una cifra consolidada pública de pérdidas porque estas estructuras operan fuera de un sistema de reporte obligatorio.
En el contexto de la crisis mediática que se desató en abril de 2024 por este caso, Aguirre emitió un comunicado institucional señalando a sus inversionistas: “Les ofrecemos nuestro total compromiso en seguir fortaleciendo los canales de transparencia, continuar el trabajo iniciado con los distintos órganos de gobierno de los fondos y acreditar nuestra labor de administradores ante la SMV con el fin de seguir trabajando en la gestión de sus inversiones. Estamos a vuestra disposición y seguros de que resurgiremos fortalecidos de este difícil momento”.
«El riesgo no siempre es ilegalidad, sino falta de transparencia, asimetría de información y conflictos contractuales»
En noviembre de ese año, la SMV le quitó autorización de funcionamiento a Blanco SAF por tener un déficit patrimonial de S/ 126.6 millones.
Se supo que en enero de 2025, la SMV presentó una denuncia contra Aguirre y José Castillo Carazas. Por su parte, los clientes o partícipes de los fondos de Blanco SAF presentaron otra denuncia contra ambos sujetos en marzo de ese año. La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro resolvió iniciar investigación preliminar contra Aguirre, Castillo y quienes resulten responsables de la pérdida de capital de los denunciantes.
3. Gobernanza bajo presión
El caso de Diviso Grupo Financiero evidencia una presunta estafa agravada e inversiones fraudulentas, que involucran a su gerente general, José Fernando Romero Tapia. Esta presunta estafa afectó entre 2023 y 2025 a clientes ahorristas -que no recuperan su capital, especialmente en regiones como Cajamarca- e instituciones, como la Orden Dominica en el Perú.
«El tercer nivel de riesgo corresponde a estructuras formales con cuestionamientos relevantes»
Diviso habría operado un esquema donde se captaron recursos de personas y empresas ofreciendo altas rentabilidades a través de operaciones de factoring y fondos mutuos. Al respecto, los clientes denuncian que, al absorberse la cartera de la Financiera Credinka (de la cual Diviso es accionista), se les indujo a firmar contratos de inversión sin ser informados sobre los riesgos y la pérdida de los beneficios propios de los depósitos bancarios.
Se estima que el perjuicio económico supera los S/ 50 millones. Los afectados han realizado plantones y formalizado denuncias ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) por el presunto delito de estafa. Cabe mencionar que la SBS intervino Credinka en septiembre de 2024 y hoy la financiera está en proceso de liquidación.
Este no es un caso de fraude en sentido estricto, pero sí un riesgo asociado a gobernanza, ejecución y deber fiduciario.
«El capital puede asumir riesgo. Lo que no puede sostener en el tiempo es la incertidumbre sobre cuál está asumiendo realmente»
Cuando las diferencias dejan de importar
Desde el punto de vista técnico, estos niveles de riesgo son distintos. Para el inversionista que pierde dinero, no lo son.
Existe un segmento del mercado donde la protección del inversionista promedio depende casi exclusivamente de su propia diligencia.
El mercado distingue entre fraude, conflicto contractual o mala gestión. El inversionista ve un resultado: entregó su capital y no lo recuperó. Y allí surge el problema central. Alertado por la SMV: la dificultad de distinguir entre lo seguro y lo riesgoso dentro del propio sistema.
Y si bien no existe una cifra agregada oficial, las pérdidas documentadas —S/ 70 millones en un caso, S/ 15 millones y S/ 50 millones en otros— permiten dimensionar el problema.
«El mercado distingue entre fraude, conflicto contractual o mala gestión. El inversionista ve un resultado: entregó su capital y no lo recuperó»
Entonces, que gran parte de estas inversiones ocurra fuera del perímetro de supervisión, sin obligación de reporte ni registro centralizado, implica que el problema no es solo lo que se ha perdido, sino lo que no se puede medir.
Una brecha que erosiona la confianza
El problema no es la existencia de fondos privados. Estos cumplen un rol clave en el financiamiento de la economía. El problema es la coexistencia de estándares desiguales de transparencia y supervisión.
Porque esa heterogeneidad genera una brecha entre lo permitido y lo percibido como seguro. Y es en esa brecha donde se producen las pérdidas y se erosiona la confianza.
«La regulación de los fondos privados no es solo una discusión jurídica. Es una prueba de gobernanza del mercado de capitales»
En este escenario, la advertencia que lanzó la SMV en enero de 2026 adquiere una dimensión distinta: reconoce que existe un segmento del mercado donde la protección del inversionista depende casi exclusivamente de su propia diligencia.
La manifiesta intención de avanzar hacia una mayor regulación de los fondos privados, confirma que la preocupación de la SMV y del Ministerio de Economía y Finanzas ha escalado al plano de política pública. Esta historia continuará.