Una investigación realizada por Amazon Watch, AIDESEP, ORAU, IBC, ProPurús y Ricardo Soberón detalla la crítica expansión del crimen organizado en la Amazonía peruana y la peligrosa simbiosis entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro, los cuales se han consolidado como un sistema de poder estructural.

La investigación -denominada “La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o la consolidación del poder criminal en el Perú” (mayo 2026)- analiza cómo estas economías ilícitas convergen para establecer formas de gobernanza criminal que superan la capacidad de respuesta de un Estado peruano debilitado y con marcos normativos deficientes. La investigación también destaca la grave vulnerabilidad de los territorios indígenas, cuyos líderes enfrentan una violencia sistemática y una impunidad generalizada al intentar proteger sus bosques y comunidades.

<<Las economías ilícitas han establecido formas de gobernanza criminal en la Amazonía peruana que superan la capacidad de respuesta de un Estado debilitado y con marcos normativos deficientes>>

Al respecto, Maritza Paredes, investigadora del GIES y del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP, señala que “la Amazonía se ha convertido en un espacio donde convergen algunos de los principales desafíos del país: economías ilícitas, seguridad, gobernanza territorial y derechos indígenas”.

La Pampa es un infierno creado por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Foto: Querida Amazonía)

Un modelo de gobernanza criminal corporativa

El capital del tráfico ilícito de drogas financia activamente la adquisición de maquinaria para la minería de oro, mientras que el metal precioso funciona como un mecanismo altamente eficiente para el lavado de activos, debido a su deficiente trazabilidad. Esta convergencia fortalece el poder financiero de las mafias y su capacidad de penetración territorial.

<<El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras ya no funcionan como actividades aisladas, sino como un sistema interdependiente>>

La “narcominería” ha instalado regímenes de gobernanza criminal en territorios donde regulan la vida social, controlan la economía local y suplantan funciones del Estado ante la ausencia, débil presencia o complicidad de las instituciones públicas. “Lo que tenemos son organizaciones criminales que operan como empresas. Son empresas dedicadas al crimen con estructuras complejas, capacidad logística, redes administrativas y vínculos que les permiten operar con una eficacia que muchas veces supera a la del propio Estado», explica Iván Brehaut, periodista especializado en pueblos indígenas, Amazonía y ambiente. De hecho, este fenómeno ya impacta severamente la predictibilidad jurídica y la sostenibilidad en las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

Operativo de interdicción en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, realizado en junio de 2025, como parte de la política de lucha frontal contra la minería ilegal (Foto: Desde Adentro / SNMPE)

Vulnerabilidad de los territorios indígenas

Los territorios de los pueblos originarios son las zonas de mayor disputa y violencia. Factores como la falta de titulación (brecha que afecta a miles de comunidades), la débil presencia estatal y marcos normativos desfavorables han convertido sus tierras en espacios de disputa para el crimen organizado.

Las comunidades nativas sufren el hostigamiento, escaladas de violencia, la invasión de tierras, y amenazas y asesinatos sistemáticos de sus líderes indígenas, según Convoca.pe. Y esto ocurre de manera crítica en pueblos como el Kakataibo y el Shipibo-Conibo, vulnerando los derechos humanos básicos y deteriorando el tejido comunitario local.

<<La falta de titulación, la débil presencia estatal y marcos normativos desfavorables han convertido las tierras de los pueblos originarios en espacios de disputa para el crimen organizado>>

El informe anual de Global Witness (“Raíces de resistencia”), publicado en setiembre de 2025, detalla que a nivel mundial al menos 146 activistas ambientales fueron asesinados o desaparecidos en 2024. América Latina concentra el 82% de los casos globales, con Colombia registrando la cifra más alta por tercer año consecutivo. “América Latina continúa siendo la región más peligrosa para quienes defienden los derechos humanos, especialmente ambientalistas y pueblos indígenas”, señala la colombiana Andrea Bolaños, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.

Victorio Dariquebe fue asesinado en abril del 2025 mientras se dirigía a su comunidad nativa. (Foto: New Orleans /SPDA)

Entre 2012 y 2024, Global Witness ha documentado al menos 62 asesinatos de defensores ambientales en el Perú, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas que enfrentan la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en sus territorios. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo de nuestro país. Los pueblos indígenas también siempre hemos contribuido con el desarrollo, pero lamentablemente se nos ve como un obstáculo”, dice Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU). En el caso del pueblo kakataibo, agrega, “seis de nuestros líderes fueron asesinados desde 2019”.

<<Se estima que entre 2012 y 2024, al menos hubo 62 asesinatos de defensores ambientales en el Perú, quienes defendían sus territorios contra las economías ilícitas>>

El placebo de la institucionalidad vigente

Aunque la capacidad del Estado peruano es insuficiente para contener el avance de las economías ilícitas, el Ministerio del Ambiente viene fortaleciendo programas orientados a la protección de defensores ambientales y al fortalecimiento de la gobernanza territorial. En junio de este año reportó la capacitación de 87 líderes ambientales de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, en fiscalización, acceso a la justicia y mecanismos de protección.

Además, en octubre del año pasado, durante la Segunda Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas realizada en Iquitos, región Loreto, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reafirmó su compromiso en defensa de los derechos fundamentales y de supervisar el cumplimiento efectivo de la prestación de servicios públicos, impulsando espacios de diálogo permanente que contribuyan a cerrar las brechas históricas de exclusión y desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas u originarios.

Es así que la Amazonía se encuentra en una encrucijada estratégica, funcionando ahora como un nodo logístico clave para redes transnacionales que amenazan la soberanía nacional (continuará).