El desmantelamiento de las políticas de seguridad y ambientales, mediante reformas legislativas denominadas “leyes procrimen” es otro de los temas que denuncia“La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o la consolidación del poder criminal en el Perú” (mayo 2026), investigación de Amazon Watch, AIDESEP, ORAU, IBC, ProPurús y Ricardo Soberón.
Según especialistas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, estas normas -aprobadas por el Congreso de la República– debilitan las herramientas del Estado para combatir y desarticular financiera y operativamente el crimen organizado y la corrupción. De esta manera, la modificación de la definición y los requisitos para tipificar a una organización criminal (Ley N.° 32108), fijar en un año el plazo de la suspensión de la prescripción y que los delitos prescriban en menor tiempo (Ley N.° 31751), o la “Ley Antiforestal”, que facilita la impunidad en delitos ambientales (Ley N.° 31973), disminuyen la persecución penal y facilitan la expansión de las economías ilícitas bajo una fachada de legalidad. “Existe una creciente convergencia entre oro y cocaína. Hay una articulación operativa y financiera entre ambas economías ilícitas”, explica Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de Devida.
«Las leyes procrimen debilitan la persecución penal y facilitan la expansión de economías ilícitas bajo una fachada de legalidad»
El Perú como refugio del crimen transnacional
Debido a la presión ejercida por el endurecimiento de mayores controles en países vecinos, la reconfiguración de rutas del narcotráfico y la debilidad institucional y legislativa interna, el Perú se ha convertido en una zona de repliegue y centro logístico para organizaciones criminales transnacionales.
De esta manera, estructuras como los brasileños Comando Vermelho, de Río de Janeiro, y Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, así como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),incluso grupos criminales ecuatorianos, han ampliado su presencia y control en regiones de frontera y territorios amazónicos, integrando el Perú a redes ilícitas de escala regional.
«La consolidación de la gobernanza criminal transnacional donde el control estatal es débil o inexistente es un riesgo creciente para la soberanía nacional»
Las economías ilícitas no solo han crecido, sino que se han integrado, fortalecido y territorializado, configurando formas de gobernanza criminal en amplias zonas de la Amazonía.
El problema ya no es solo la expansión del narcotráfico, sino la transformación del territorio y del poder en el Perú.
Al respecto, José Luis Gil Becerra, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, dijo a Red de Comunicación Regional (RCR) que en el Perú existen más de 17 organizaciones criminales transnacionales que impulsan el avance de la minería ilegal en Piura, Cajamarca, Áncash, Arequipa y Cusco. Advirtió incluso que estas mafias extranjeras ya tienen representación política en el Congreso y los gobiernos regionales, provinciales y distritales, así como entre los candidatos que participarán en las próximas Elecciones Regionales y Municipales que se llevarán a cabo en octubre de este año.
Debilidad estatal y fragilidad institucional
Mientras el Ministerio del Ambiente (MINAM) despliega esfuerzos, desarrollando programas orientados a la protección de defensores ambientales y al fortalecimiento de la gobernanza territorial, lo cierto es que enfrenta serias limitaciones para supervisar las zonas de amortiguamiento, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Lo mismo sucede con las fuerzas del orden cuando ejecutan operativos de erradicación sin un enfoque sistémico. “La presencia de estos actores transnacionales a nivel criminal está generando un proceso de destrucción”, señala Vladimir Pinto, coordinador de Amazon Watch en Perú.
Por otro lado, Convoca.pe identificó que 13 congresistas que llegarán al nuevo Senado votaron a favor de leyes cuestionadas por debilitar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, respaldar la amnistía para violaciones a los derechos humanos y ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el escudo para la minería ilegal. Estos legisladores apoyaron normas observadas por la Fiscalía y organismos internacionales por favorecer la impunidad.
«Las estrategias del sector público han sido insuficientes y descoordinadas para evitar que el crimen transnacional contribuya a la destrucción de la Amazonía»
Autogobierno indígena como salvaguarda
Las políticas centradas exclusivamente en la erradicación forzosa, la interdicción y la militarización han demostrado ser insuficientes y a menudo contraproducentes, provocando el desplazamiento del problema de las economías ilícitas a nuevas zonas de selva virgen.
Por su parte, a pesar de su precariedad física y financiera, los sistemas de justicia y vigilancia comunitaria han demostrado ser las barreras más efectivas frente al crimen. En ese sentido, iniciativas como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica de Junín configuran la primera línea de contención territorial. La resistencia y autonomía indígena son fundamentales para cualquier estrategia de conservación ambiental y justicia climática en la región.
“Reconociendo los impactos transnacionales de las economías criminales sobre los territorios de los pueblos indígenas como un delito que afecta sus derechos colectivos, la comunidad internacional debe contribuir a que se reconozcan y protejan sus territorios y sistemas de gobierno, así como al apoyo a las economías propias y acciones conjuntas para desmantelar las redes criminales. La Amazonía necesita una gobernanza intercultural. Sin esto, no habrá qué defender”, dicen Herlin Odicio, líder kakataibo, y Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de Amazon Watch, en un artículo publicado en el diario español El País, a finales de abril de este año.
«No habrá seguridad territorial sin el protagonismo de la gobernanza indígena y el fortalecimiento de sus propios sistemas de vigilancia»
La última esperanza
Resulta necesario pasar de respuestas fragmentadas a una estrategia nacional que articule seguridad, justicia climática y derechos humanos. En ese sentido, una “agenda urgente” debe incluir la derogación de leyes procrimen, la titulación masiva de territorios comunales y la incorporación de los impactos del crimen organizado en las políticas climáticas del país.
“Si el siguiente Gobierno no es consciente de que quiere tomar decisiones drásticas para enfrentar esta situación, simplemente nuestra Amazonía está condenada para siempre”, advierte Soberón.
«Frente al repliegue de las fuerzas del orden y la precariedad institucional, las formas tradicionales de autogobierno y vigilancia indígena son la única defensa efectiva del bioma amazónico, la selva tropical más extensa y biodiversa del planeta»
Si bien algunos expertos consideran que -para preservar la sostenibilidad biológica y social de la Amazonía- el Estado peruano debe reconocer a los pueblos indígenas y comunidades originarias como sujetos políticos con capacidades plenas de gobernanza, esta crisis exige una acción estatal inmediata e integral para evitar la pérdida definitiva del control territorial frente a las mafias del oro y la cocaína.