Las alertas que hizo Sustenia en las dos primeras entregas de esta serie (30.06.26 y 06.07.26) mostraron cómo la Amazonía enfrenta amenazas provenientes del crimen organizado, la expansión de economías ilegales y la debilidad del Estado en el territorio.
A continuación, añadimos un nuevo nivel de análisis: el riesgo de que una parte de esas presiones logren influir desde el propio sistema político.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Mañana 28 de julio el Perú recuperará el Senado. Sin embargo, el retorno de la bicameralidad llega acompañado de una interrogante que trasciende el debate político: ¿quién defenderá la institucionalidad ambiental cuando algunos de los propios encargados de legislar mantienen vínculos con actividades que históricamente han impulsado la deforestación, la minería informal o el debilitamiento de los mecanismos de control?
«El nuevo Senado llega con muchos posibles conflictos de interés que amenazan la institucionalidad ambiental»
Una investigación de OjoPúblico identificó que al menos siete de los 30 senadores elegidos directamente por las regiones registran investigaciones fiscales, aportes de campaña provenientes de actores vinculados a la minería informal o la industria forestal, o promovieron iniciativas legislativas favorables a estos sectores.
Los casos corresponden, según OjoPúblico, a Jorge Velásquez Portocarrero (Ucayali), Karla Schaefer Cuculiza (Piura), Víctor Flores Ruiz (La Libertad) y Nilza Chacón Trujillo (Áncash), de Fuerza Popular; Hugo Isaac Ccahuana Aymachoque (Madre de Dios) y Víctor Cutipa Ccama (Moquegua), de Juntos por el Perú; y Nilson Flores Suárez (Arequipa), del Partido del Buen Gobierno.
La citada investigación periodística no concluye que exista responsabilidad penal ni que estos legisladores actúen en representación de intereses ilegales.
Sin embargo, sí plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés en un Senado que tendrá la última palabra en la aprobación, modificación o rechazo de numerosas iniciativas legislativas, además de participar en la designación de altas autoridades del Estado.
Uno por uno
El caso de Jorge Velásquez Portocarrero, senador por Ucayali, concentra buena parte de las alertas. El exgobernador regional es investigado por presuntos hechos de corrupción vinculados a su gestión y anteriormente fue comprendido en el denominado caso Melka, relacionado con la compra de tierras amazónicas posteriormente deforestadas. OjoPúblico también identificó aportes a su campaña provenientes de empresarios madereros y personas relacionadas con el sector forestal.
No es un dato menor. Ucayali es la principal región productora de madera aserrada del Perú, pero también uno de los principales focos de tala ilegal. Según estimaciones de Osinfor, durante 2025 se habrían movilizado alrededor de 517,790 m3 de madera de origen ilegal, una cifra que evidencia la magnitud del desafío para la gobernanza forestal.
La preocupación también alcanza al sector minero. El senador electo Nilson Flores Suárez, representante de Arequipa, fue asesor de organizaciones de pequeños mineros y mantiene una larga trayectoria vinculada a este sector. Víctor Flores Ruiz, representante de La Libertad, declaró actividades empresariales relacionadas con la minería y, durante el Congreso anterior, respaldó sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Karla Schaefer recibió aportes de campaña de empresarios con intereses mineros en Arequipa, mientras que Hugo Ccahuana ha expresado públicamente su respaldo a los mineros de Madre de Dios. A ello se suman los antecedentes legislativos de Nilza Chacón, quien retiró un proyecto sobre explosivos para la pequeña minería tras recibir cuestionamientos, y de Víctor Cutipa, impulsor de iniciativas para la comercialización del oro proveniente de la minería artesanal.
«Economías antes consideradas marginales buscan hoy representación directa en los espacios de poder. La presencia de estos intereses atraviesa regiones, partidos e ideologías»
Economías ilícitas y espacios de poder
Para Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el fenómeno refleja una transformación política más profunda: economías antes consideradas marginales buscan hoy representación directa en los espacios de poder. La presencia de estos intereses, sostiene Vilca, atraviesa regiones, partidos e ideologías.
Una lectura similar plantea Julia Urrunaga, directora para el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien advierte que el nuevo Congreso incorpora actores directamente involucrados —o financiados— por intereses asociados a la minería ilegal, la tala ilegal y actividades vinculadas con la deforestación y la ocupación de territorios indígenas.
«La defensa de la Amazonía dependerá también de las decisiones que, desde el próximo Senado, definirán las reglas con las que el Perú enfrentará —o dejará avanzar— la deforestación y la minería informal durante los próximos cinco años»
La preocupación no gira únicamente alrededor de nombres propios. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas libres de presiones económicas cuando deba discutir temas como el futuro del Reinfo, la protección de los bosques amazónicos, las carreteras de integración, el combate a la tala ilegal o el fortalecimiento de entidades como Osinfor, Serfor y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Porque la defensa de la Amazonía ya no dependerá únicamente de lo que ocurra en los bosques. También de las decisiones que, desde el próximo Senado, definirán las reglas con las que el Perú enfrentará —o dejará avanzar— la deforestación y la minería informal durante los próximos cinco años.